Los parámetros serían cinco, según describe Cadena Ser y han explicado fuentes de este medio a El Salto: la existencia de denuncias de violencia de género fraudulentas, la existencia de denuncias por abusos sexuales presuntamente fraudulentos, la intervención de los mismos profesionales, la representación legal por parte de los mismos abogados y la coordinación desde la asociación Infancia Libre. El documento es extenso, contiene numerosos anexos e incluye al menos 22 casos que cumplirían alguno de los cinco indicadores.
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