El organismo asegura que no ha recibido información de la Oficina de Conflicto de Intereses sobre las autorizaciones de cargos del Estado que han dejado su puesto en 2015. La ley obliga a los cesantes a informar "con carácter previo" de cualquier actividad privada a la que quieran dedicarse durante un periodo de dos años. Y a recibir respuesta en un mes. Relacionada:
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