En España no hay un único sistema público de servicios sociales, sino uno por autonomía, con lo que existen grandes desigualdades —también entre los ayuntamientos— y es imposible conocer qué asistencia reciben los usuarios en todo el país. El anteproyecto de Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales, que se aprobará previsiblemente este martes en Consejo de Ministros en primera lectura, mandata a las comunidades a acordar con el Ministerio de Derechos Sociales un mínimo de prestaciones común.
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