Especialmente grave es la situación en comunidades como Madrid donde, tras más de dos décadas de gobiernos del PP, el 80% de las residencias son privadas. “Es un negocio. La salud y el bienestar son algo secundario”, denuncia María, una trabajadora de una residencia privada. Muchos de estos centros están gestionados por empresas como Clece, de Florentino Pérez, que despidió a trabajadoras por denunciar la falta de material básico como sábanas o pañales para cambiar a los ancianos.
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