La propuesta más votada es que los programas electorales se conviertan en verdaderos "contratos" con la ciudadanía y que su "incumplimiento sustancial" por parte del Gobierno obligue a iniciar un "proceso revocatorio", que podría culminar con la convocatoria de nuevas elecciones.En concreto, la iniciativa defiende que a los dos años de mandato se ponga en marcha una comisión en el Congreso que analice el grado de cumplimiento del programa."De producirse un incumplimiento sustancial y manifiesto del programa, se podrá poner en macha un proceso..
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