El sector promotor advierte de una contracción generalizada por menores márgenes ante el poder que pasarían a tener los ayuntamientos para imponer un 30% de vivienda social en suelo urbano. Para compensar los ingresos que se pierden en el 30% de vivienda protegida y que la obra siga siendo viable, el promotor se ve obligado a elevar el precio de los pisos no protegidos, que a su vez, hace más difícil su venta. El aumento de costes es tan intenso que, en muchos casos, puede hacer económicamente inviable la realización de multitud de promociones.
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