Gobierno y el sindicato CSI-F llevan ya más de un año elaborando un protocolo de prevención y cómo actuar en caso de agresión a un funcionario estatal. La negociación se ha estancado porque el sindicato quiere incluir a los funcionarios de prisiones y el Ejecutivo se niega. El proyecto surgió ante el incremento de agresiones en las oficinas de empleo, 460 en tres años, otra de las consecuencias de la crisis. Se aplicará a unos 220.000 funcionarios estatales, sin incluir las áreas de Sanidad y Educación, de competencia de las Comunidades.
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