La bancarrota del Consell afecta a casi todos, incluidos los abogados que asisten a los ciudadanos sin dinero a través del turno de oficio. Lo hacen a cambio de las retribuciones más bajas de España, costeando las fotocopias de los asuntos de su bolsillo y aguantando la morosidad de la administración valenciana, que no les paga desde el tercer trimestre de 2013.
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