El dinero que reciben del Estado las autoridades eclesiásticas españolas nunca ha sido fiscalizado por dicho Tribunal, al contrario que partidos políticos, sindicatos u ONG. El problema sigue siendo el clamoroso silencio cómplice de los sucesivos gobiernos del Estado. A pesar de succionar todos los años 11.000 M€ de dinero público (entre ellos 250 M€ para mantenimiento de clero y obispos, principalmente), tenemos que asistir cada año a la presentación de la campaña del IRPF, en marzo-abril, y a esta falsa rendición de cuentas cada mes de junio.
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