Por la puerta de atrás, y por medio de una mera Orden Ministerial, el Gobierno de Mariano Rajoy otorgó de manera silenciosa la creación de un registro de empresas destinado a la lucha contra el blanqueo de capitales a sus compañeros de profesión, los registradores, cuando esta base de datos ya existe desde el año 2014, es pública y recibe miles de consultas por parte de las Fuerzas de Seguridad de Estado, los juzgados, la Fiscalía, los inspectores de Hacienda y los bancos, entre otros organismos.
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