Es difícii encontrar un catálogo de torpezas más nutrido que el que ha reunido el ministro de Hacienda a propósito del 1-O. No es la menor que esté dejando en manos de cargos de la Generalitat bajo sospecha los informes que piden los tribunales sobre el uso de fondos públicos en las consultas independentistas. El Tribunal Supremo espera que la semana que viene, a no más tardar, Cristóbal Montoro remita su respuesta al requerimiento que le dirigió el pasado miércoles el juez Llarena para que justifique el "concreto soporte objetivo" por el que
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