Empresarios multimillonarios y gobernantes de países nada respetuosos con los derechos humanos habrían contribuido a financiar durante décadas el desorbitado tren de vida de Juan Carlos I para quien, al parecer, no eran suficientes los 300.000 euros que recibía anualmente del erario público solo en concepto de salario. La asignación que recibe la Corona para su funcionamiento ronda los ocho millones anuales, si bien el coste de la monarquía es mucho mayor porque esa cantidad no incluye los fondos que salen de los diferentes ministerios.
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