Solo en 2020, más de 30 millones de personas se vieron obligadas a dejar sus hogares por eventos climáticos extremos y, si bien lo hicieron con el respaldo de Gobiernos u organizaciones humanitarias que los consideran "refugiados climáticos", ese estatus jurídico no existe en el derecho internacional y, cuando la tormenta acaba, su destino vuelve a quedar en sus manos.
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