La fortaleza de una sociedad democrática requiere, como premisa, que la ciudadanía valore y confíe en sus instituciones. Por eso, es el momento de cambiar de vía y afianzar criterios que garanticen la independencia e imparcialidad de los miembros de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial, dando al Parlamento el protagonismo que le otorga la ley como representante de la voluntad popular.
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