El Gobierno estudia con detalle el tributo aprobado en Italia que grava los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas. El objetivo es buscar una fórmula similar para España que permita al Estado ingresar un porcentaje del rédito que las compañías obtienen por los altos precios de la energía para destinarlo a costear medidas de apoyo a los ciudadanos.
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