El delito de rebelión de los autos y de la euroorden del Juez Pablo Llarena es un delito imaginario, es decir, un delito que solo existe en la imaginación del Juez

La euroorden cursada por el TS español pidiendo la entrega por los delitos de rebelión y administración desleal de caudales públicos (corrupción) del Sr. Puigdemont es un caso difícil, en el sentido que tiene esta expresión en la terminología de Dworkin. Es decir, un caso donde la aplicación automática de las reglas no proporciona soluciones claras y que debe ser resuelto utilizando como herramienta principal los principios y finalidades que rigen una determinada institución; en este caso el sistema de cooperación judicial penal desarrollado..

Si la causa hubiera seguido en manos de la jueza Lamela, se habría evitado el encontronazo con las autoridades alemanas. Frente a la mano de hierro en guante de hierro exhibida por Llarena, Lamela ha cerrado su instrucción paralela contra los mandos de los Mossos d’Esquadra

En una sala de la corte de Edimburgo esta semana y la próxima Escocia se involucrará una vez más en un conflicto de otro país. La euroorden de arresto a través de la cual el gobierno cada vez más desquiciado y reaccionario de España está tratando de extraditar a la profesora Clara Ponsatí para hacer frente a cargos de rebelión violenta, se está encontrando con una importante resistencia escocesa.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha citado los próximos 16, 17 y 18 de abril a los nueve procesados en la causa que investiga el proceso soberanista de Cataluña y que se encuentran en prisión provisional. En concreto, el magistrado tomará declaración a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Ciuxart para el próximo 16 de abril; a Joaquim Form, Josep Rull y Raül Romeva, el 17 de abril, y a Jordi Turull, Dolors Bassa y Carme Forcadell, el día 18.

El escrito sostiene que, de haberse cometido los delitos de sedición y rebelión que se les imputaban indiciariamente -en el auto de procesamiento del pasado 23 de marzo se eliminó este último y se limitó a desobediencia el caso de Simó- se habrían producido desde el Parlament que está en Barcelona, y de haberse producido el de malversación, hubiera sido contra "el patrimonio de la Generalitat que se encuentra situada en Catalunya".

La directora de la Escuela Judicial, la magistrada Gemma Espinosa, ha afirmado este martes que "ahora no va tranquila por la calle", ya que ella y su marido, el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa por el proceso soberanista, Pablo Llarena, se han visto obligados a llevar escolta en Barcelona, donde residen. En una entrevista en la cadena Cope, Espinosa respondía así a la pregunta directa de si transitaba tranquila por las calles: "No, ahora no, porque la verdad es que ahora tenemos escolta y protección,

Alemania ha advertido a España que si el juez Pablo Llarena recurre finalmente al Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, contra la decisión de la Justicia alemana de poner en libertad al president Carles Puigdemont y de excluir el delito de rebelión será un choque institucional de alto nivel, según informa la prensa alemana.

En un poder legislativo intervenido por el judicial, como ocurre en el caso catalán, cualquier movimiento de un tribunal puede suponer un cambio inesperado en un parlamento. Así ha ocurrido con la reactivación de las euroórdenes del magistrado Pablo Llarena, que puede tener como efecto colateral que la suma de JxCat y ERC vuelva a disponer de mayoría simple y, por tanto, de capacidad para investir un candidato sin ayuda de la CUP. Esta situación paradójica tiene que ver con la capacidad de los que no asisten a las sesiones de delegar su voto.

El juez del Supremo no permite ni el traslado al Parlament d'Catalunya ni la investidura telemática para que el número 2 de JxCAT se pueda someter al debate de investidura previsto el viernes a las 10.

El juez Pablo Llarena ha denegado este jueves el permiso solicitado por el expresidente de la ANC Jordi Sánchez para asistir al Pleno de investidura del Parlament de Cataluña previsto para mañana viernes. Asimismo, el magistrado ha rechazado también que lo haga por vía telemática. Llarena sostiene que "existe riesgo de reiteración delictiva que no se conjura con ninguna de las medidas de libertad, conducción policial o intervención en la sesión de nombramiento mediante mecanismos telemáticos".

Al Poder Judicial en general y al Tribunal Supremo en particular le costó aceptar que la Constitución es norma jurídica y que la ley y las demás normas que integran el ordenamiento jurídico están subordinadas a la Constitución y tienen que ser interpretadas de conformidad con la Constitución.

El Parlament de Catalunya interpondrá una querella por prevaricación contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye el caso por rebelión contra varios diputados y exmiembros del Govern. Así lo ha decidido este viernes a instancias del presidente Roger Torrent la Mesa, reunida de forma extraordinaria ante el veto que el magistrado impuso este jueves a la investidura de Jordi Sànchez.

El líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, aspira actualmente a presidir la Generalitat de Cataluña y convertirse en el presidente número 131 de dicha autonomía. Sin embargo, lleva interno en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre por su papel prioritario en la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

El ex secretario de Izquierda Unida ha cargado contra la privación de salir de la cárcel en el número 2 de Juntos por Cataluña, Jordi Sánchez, para asistir al pleno de investidura: "Sánchez no ha sido sentenciado y un juez no puede alegar que el candidato pertenece a JxCat, un partido que quiere la independencia ". En la misma línea, ha subrayado que "aspirar a la independencia tampoco es un delito". Según Anguita sólo habría delito "si esta independencia se hiciera con acciones violentas".

Como un boomerang. La estrategia de Mariano Rajoy de dejar todo el conflicto en Cataluña en manos de los jueces ha provocado ya el enojo del mundo conservador que le podría apoyar. El articulista José Antonio Zarzalejos, muy influente en sectores del PP, considera que el presidente efectivo es el juez Pablo Llarena, porque Rajoy ha “vaciado de facultades el Gobierno en una estrategia de irresponsabilidad verdaderamente escandalosa”.

En su auto, el juez Llarena no identifica ni una sola norma jurídica en la que descanse su decisión de no permitir que Jordi Sànchez acuda a la sesión de investidura. Repito: ni una sola norma jurídica.La voluntad particular del juez Llarena no es expresión de la voluntad general, sino que es pura manifestación de su voluntad individual. No se somete a la ley, sino que sustituye la voluntad general respecto de la investidura por la suya. El juez tiene que acreditar en cada paso que da en el ejercicio de la función jurisdiccional cuál es la ley

...el concepto de rebelión y afirma que puede ser atribuido a quien "en lugar de valerse de la violencia para tomar el poder central del Estado trataban de desconectar o desgajar del Estado español las instituciones autonómicas cuyos poderes ejercían". Añaden que en el supuesto de que no se constatara suficientemente el elemento de la violencia en el caso concreto, se subsumiera la conducta de los sujetos investigados en el tipo penal de la sedición.

Jaume Vives, portavoz del movimiento Tabarnia, ha defendido al juez Pablo Llarena: "Es absolutamente injusto lo que el independentismo está haciendo con él". Además, lo ha calificado como "superhéroe sin capa" y ha insistido en la importancia de "que no desfallezca".

El juez Pablo Llarena requiere al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe a la mayor brevedad posible sobre el soporte objetivo concreto de sus declaraciones en las que supuestamente expresó tener certeza de la ausencia de gasto público en la organización de la votación del 1-O en Cataluña, algo que el magistrado destaca que contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe a la mayor brevedad posible sobre "el soporte objetivo concreto" de sus declaraciones en las que dijo tener certeza de la ausencia de gasto público para la organización del 1-O. El magistrado destaca que esas declaraciones contradicen "las fuentes de prueba" que figuran en la instrucción de la causa.

El ex conseller de Presidencia del Govern depuesto, Jordi Turull, se ha encarado también este miércoles al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena al que ha acusado de convertirle en un preso político. "No sé si yo era un preso político en noviembre, pero ahora no tengo ninguna duda: usted me ha puesto en la cárcel porque, como dice literalmente en su auto, yo 'no garantizo un acertado retorno al autogobierno'". "De los presos políticos que salieron de prisión sólo volvieron a ingresar los que han hecho política", ha agregado.

La investigación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre el uso de fondos públicos en el 'procés' catalán acredita una malversación de 1.915.067, 22 euros, según se desprende de los informes de la Guardia Civil tras levantarse el secreto de la pieza de la investigación.

En la Política hay una cierta flexibilidad a la hora de evaluar las declaraciones que se han hecho en distintos momentos. Pero en el Derecho no la hay. En el mundo del Derecho hay un principio en torno al cual gira el ordenamiento jurídico del Estado Constitucional. Es el principio del paralelismo de las formas. De acuerdo con tal principio, para que una declaración del presidente del Gobierno o del Ministro Hacienda contradictoria con la que ellos hicieron ante el Pleno del Congreso de los Diputados pudiera surtir efecto en un proceso penal..