El escrito sostiene que, de haberse cometido los delitos de sedición y rebelión que se les imputaban indiciariamente -en el auto de procesamiento del pasado 23 de marzo se eliminó este último y se limitó a desobediencia el caso de Simó- se habrían producido desde el Parlament que está en Barcelona, y de haberse producido el de malversación, hubiera sido contra "el patrimonio de la Generalitat que se encuentra situada en Catalunya".
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