La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aseguró en una entrevista en la Cadena SER que está tranquila a pesar de lo intensa que ha sido su primera semana ya que es consciente de que “cuando se hacen cambios siempre hay un momento en el que hay una gran confrontación”. Las personas tenemos una gran dificultad para aceptar los cambios, estamos acostumbrados al piloto automático de la rutina y si nos metemos en el Ayuntamiento a cambiar actitudes que estaban muy consolidadas la primera reacción es de gran confrontación

El juzgado 48 que investiga la venta del IVIMA a Goldman Sachs ha ampliado diligencias tras el informe presentado por la acusación que conecta esta operación con otros fondos y la familia.

Manos Limpias ha registrado una denuncia ante la Fiscalía General de Madrid contra la exalcaldesa de la capital Ana Botella por un presunto delito de fraude, prevaricación y tráfico de influencias por la venta de 18 promociones de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a un fondo de inversión.

El Ayuntamiento regaló a Blackstone 13 propiedades camufladas en el lote de viviendas sociales, provocando un quebranto municipal de 300.000 euros. Las diligencias que ha abierto el Tribunal de Cuentas por la enajenación del Ayuntamiento de Madrid de 1.860 de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a inversores privados –durante el mandato de Ana Botella- están poniendo de manifiesto algunas sorpresas.

La secuencia de este caso corrupción legal es la siguiente. Sobre suelo protegido se construyen viviendas sociales con cuantiosas ayudas públicas. Luego, con la coartada de la crisis y la necesidad de obtener recursos para financiar "las políticas sociales", la Comunidad de Madrid cambia la ley que restringe la capacidad del propietario para venderlas y la administración se compromete a desalojar a aquellos inquilinos que no puedan pagar. A continuación se venden a precio de saldo a una empresa extraña y fiscalmente opaca a un precio de saldo..

Hace un llamamiento a la solidaridad de los madrileños para crear una bolsa de alquiler de viviendas privadas para personas sin recursos

Cosas como esta suceden en Italia desde que, en 1996, el Estado aprobara la ley 109/96, que establece el uso social de los bienes confiscados a la mafia. Detrás se este hito se halla Libera, la red más importante del movimiento antimafia.

El Ayuntamiento de Barcelona le recuerda que Junqueras prometió en 2016 que cedería a entidades sociales los pisos de herencias sin testamento. Los vecinos de uno de estos pisos en centro de la ciudad se han organizado para paralizar la venta y defender el comercio histórico El Mesón del Café.

Rosa, con 70 años y con una minusvalía del 70% está a punto de perder su casa. Vive con su hijo de 42 años, con tratamiento psiquiátrico y parado de larga duración. Está esperando por una vivienda social pero señala que “con una pensión de 369 euros, no puedo hacer milagros”. “Estoy en el aire, no sé qué voy a hacer”.

La representante, con un sueldo de 5.800 euros mensuales, tiene una deuda con la sociedad vasca de alquiler cercano a los 4.000 euros por el impago de la renta desde hace casi dos años. La senadora alega una separación conflictiva para justificar que no ha hecho frente al pago.

La razón: una nueva normativa para las viviendas sociales subsidiadas por el gobierno de Zúrich que fue aprobada esta semana. El caso más notable es el de 132 millonarios de la ciudad más poblada de Suiza (con 400.000 habitantes). Aunque según las autoridades locales, muchos más residentes de la ciudad se están beneficiando de un subsidio habitacional a pesar de ganar más dinero que las familias para las cuales la política fue diseñada.

Le preguntamos por la vivienda social, la SAREB y: “¿Te quitó el programa Ferreras?

Las casas a la venta por menos de 100.000 euros apenas llegan al 1,7% de las disponibles en el caso de la ciudad catalana y el 3,9% en la capital. Palma de Mallorca (1,1%) y San Sebastián tampoco tienen casi producto

El regidor ciudadrealeño exime a un promotor del pago del IBI y del impuesto de basuras para facilitar el acceso a “inquilinos necesitados”, pero con nómina y Seguridad Social

El Ayuntamiento garantizaría a los dueños una renta mensual y que el inmueble se les devolverá en las mismas condiciones que lo cedió.

Quieren que el ayuntamiento de Talavera les haga informes sociales para regularizar su situación

“…deben de predominar errores profundos en la legislación cuando los actos que realizan a diario millones de habitantes para sobrevivir son considerados ilegales”.Jorge Enrique Hardoy.La cita con la que empezamos esta entrada es una adaptación de la original citada por Julian Salas en “Contra el Hambre de Vivienda” [1] y sirve como punto de reflexión sobre la situación a la que se enfrentan a diario millones de personas para acceder a uno de los derechos fundamentales recogidos en “Declaraciones” y “Constituciones”...

Las viviendas protegidas que el fondo buitre Blackstone posee en España ya valen mucho más de lo que le costó hacerse con ellas. Más de 100 millones de euros, según los cálculos de Fidere, la filial que utiliza el fondo para gestionar esos pisos. Así lo aseguran las cuentas anuales de la sociedad que denomina a esta diferencia "plusvalía latente no registrada", tras haber tasado la totalidad de sus inmuebles a 31 de diciembre de 2015. Una plusvalía del 36%.

Rachid Gdari ocupó un piso de un edificio de protección oficial en Bellvitge del que habían sido desalojadas decenas de familias de la Benemérita por decisión del Ayuntamiento de L'Hospitalet

Bien de especulación y fondos buitre, una pizca de vivienda pública, casi nada. Dos huevos, trabajos precarios y sueldos de mierda. Et voilà! Un soufflé a punto de estallar.

Los ayuntamientos tienen variadas fórmulas para combatir la especulación inmobiliaria, pero la experiencia demuestra que obligar a un promotor a construir vivienda barata es una idea tan inútil como absurda.

Manuel Pinto es el letrado que ha conseguido que un juez anule la venta de 2.935 pisos públicos de la Comunidad de Madrid a un fondo de inversión pese a que había inquilinos en su interior que disfrutaban de alquileres sociales. "No me atrevo a pronosticar si las casas volverán a ser públicas pero hay indicios de que el IVIMA no actuó conforme a derecho"