La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha elaborado y publicado la “Guía para la definición de actividades de evaluación de la conformidad en pliegos de contratación pública” para asistir a los poderes adjudicadores en la redacción de los requisitos relativos a los Organismos de Evaluación de la Conformidad y los certificados o informes que estos emiten, así como a reconocer cuándo los requisitos mencionados se cumplen.

El BOE recoge hoy el informe de fiscalización a la contratación del sector público estatal de 2012 realizado por el Tribunal de Cuentas. El documento recoge -una vez mas- una larga lista de incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) por parte de todos los ministerios y otras entidades públicas. La mayoría tiene que ver con la falta de información y justificación de las decisiones tomadas, lo que frena la transparencia, la competencia y la rendición de cuentas.

El BOE recoge hoy el informe de fiscalización a la contratación del sector público estatal de 2012 realizado por el Tribunal de Cuentas. El documento recoge -una vez mas- una larga lista de incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público por parte de todos los ministerios y otras entidades públicas. La mayoría tiene que ver con la falta de información y justificación de las decisiones tomadas, lo que frena la transparencia, la competencia y la rendición de cuentas. De los 40.730 contratos adjudicados por el Estado en 2012,..

El Congreso de los Diputados aprobó el jueves de la semana pasada la 'Ley de Contratos con el Sector Público', norma que lleva a los ordenamientos jurídicos españoles las Directivas europeas de contratación del sector público y que da más transparencia al sector con un incremento de los controles sobre la corrupción, morosidad y revisará la libre concurrencia.

Las pymes constituyen más del 98% de las empresas de la Unión Europea, el 99,88% en nuestro país, a pesar de lo cual, según estudios recientes en España, el 70% de los recursos de la contratación pública se adjudican a las 10 mismas empresas, que sólo representan el 0,01 de nuestro tejido empresarial. Sobre esta ausencia de pymes en la actividad contractual de las administraciones quiere actuar la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

El informe de la contratación pública estatal de 2012 del Tribunal de Cuentas denuncia irregularidades en todos los ministerios.

El anunciado incremento del salario mínimo a 900 euros mensuales —que debe ser aprobado por un real decreto antes de que finalice el año— ha provocado un terremoto en el mundo de la contratación pública. En particular, en sectores como el de la seguridad y vigilancia privadas, la limpieza de edificios públicos o el transporte de viajeros por carretera, cuyos salarios, en muchos casos, están muy por debajo de esa cuantía.

El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica, ha dado luz verde al Plan de Contratación Pública Ecológica (CPE) de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, para el periodo 2018-2025.

La CNMC considera que la falta de competencia y la corrupción generan un sobrecoste de la contratación pública en España equivalente a 48.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, al 4,5% del PIB .

El diputado de Podemos Hugo Martínez Abarca ha propuesto a la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid que se inspire en el decreto del Ayuntamiento de Madrid para incluir cláusulas sociales en la contratación pública, algo que ha rechazado la titular de Hacienda.

Hoy, 18 de abril de 2016, es el último día que tienen los estados miembros, entre ellos España, para trasponer tres directivas europeas aprobadas hace dos años y que tienen entre sus objetivos hacer más eficiente, transparente y homogeneizar las normativas sobre contratación en la Unión Europea (UE). Llegada la fecha límite, España no ha hecho los deberes.

La Unión Europea ha puesto su punto de mira en la contratación pública española. Considera que su opacidad es más elevada que en la UE y pide cambios normativos.

El Pleno del Congreso ha aprobado la Ley de Contratos del Sector Público,que establece un nuevo marco regulador del sistema de contratación pública con el objetivo de mejorar la eficiencia y la transparencia,simplificar los trámites,facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y propiciar que las administraciones públicas la empleen para lograr objetivos sociales comunes.La Ley aprobada hoy, pretende lograr una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio..

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera necesaria mayor transparencia y publicidad en los procedimientos de contratación pública. Además, la falta de competencia fomenta el desaprovechamiento de los recursos y aumenta los costes, el conocido como 'capitalismo de amiguetes', por el cual se antepone las relaciones personales a la eficiencia económica en las adjudicaciones de contratos públicos, lo que desemboca en mayores costes (hasta un 25% al alza) para los contribuyentes.

El poder de las administraciones a la hora de dinamizar una economía se puede orientar (y de hecho siempre lo hace) para cumplir objetivos políticos. La inclusión de cláusulas sociales en las contrataciones públicas es la gran demanda de la Economía Social, con la que se multiplicaría sus efectos positivos sobre la sociedad. La tendencia de decidir las adjudicaciones solamente por el factor precio elimina del proceso a las entidades del sector y pone en peligro su viabilidad.

Bruselas exigió en 2014 que los países de la UE crearan un órgano autónomo para fiscalizar las adjudicaciones del sector público, demanda que el Ejecutivo de Rajoy pretende despachar encomendándole la tarea a un ente que ya existe y se integra en el Ministerio de Hacienda.

Recientemente se han detectado intentos de suplantación de identidad con destino a empresas adjudicatarias de contratos reales en fase de formalización, instando a que se haga la transferencia de la fianza definitiva. ¡Atención a todo aquel que trabaje con contratos públicos!

La persona trabajadora en cuestión interpuso una demanda de recurso contencioso administrativo después de que el tribunal de la oposición a la que se presentó no le reconociera el tiempo trabajado como enfermero especialista en el cómputo de sus méritos.El juzgado reconoció que estaba suficientemente acreditado que las funciones y tareas que había desempeñado en el centro privado se correspondían con las específicas de enfermero especialista.

Aperturas irregulares de sobres; contratos troceados para no pasar el límite legal y poder realizar la adjudicación a dedo; selección de empresas con criterio de servicio exclusivo para funciones que podrían prestar otras muchas competidoras; criterios definidos en los pliegos a imagen y semejanza de un candidato concreto; procesos en los que la misma persona que promueve la contratación, confecciona el pliego, preside la mesa, elabora la valoración técnica y autoriza las facturas…

Por primera vez en España la contratación pública incluirá como un aspecto básico de valoración el periodo medio del pago a proveedores y los morosos serán penalizados en las licitaciones del Estado. La disposición está orientada a la defensa de las pymes, que son las que trabajan como subcontratistas en muchas de las principales adjudicaciones públicas y que constituyen la parte más débil en la cadena de relaciones con sus clientes, las grandes compañías beneficiarias de los concursos.

La progresividad fiscal es el fundamento sobre el que se construye el Estado del bienestar. Los impuestos sólo pueden tener un efecto redistributivo si se configuran de manera progresiva, es decir, si el porcentaje de las ganancias que se debe entregar a Hacienda crece conforme estas ganancias aumentan.

El Edil de Economía ve “falta de criterio” jurídico en la impugnación de cláusulas sociales por parte de la delegada del Gobierno. "Más le valdría al gobierno en funciones y a la señora Dancausa preocuparse por cumplir directivas europeas en lugar de poner obstáculos cuando hay un Ayuntamiento que se implica a la hora de conseguir su aplicación", ha zanjado.

La unión temporal de empresas (UTE) formada por Padecasa, una de las constructoras más importantes de Castilla y León, y una filial de ACS, Vías y Servicios, recibió el pliego de condiciones de un concurso para la construcción de un edificio antes de que lo hiciste público la Junta de Castilla y León, la administración que licitaba la obra. Esa es la conclusión a la que ha llegado la mesa de contratación, que ha acordado excluirla del procedimiento, si bien ha evitado remitir el expediente a la Fiscalía o interponer una denuncia en un juzgado.