Por primera vez en España la contratación pública incluirá como un aspecto básico de valoración el periodo medio del pago a proveedores y los morosos serán penalizados en las licitaciones del Estado. La disposición está orientada a la defensa de las pymes, que son las que trabajan como subcontratistas en muchas de las principales adjudicaciones públicas y que constituyen la parte más débil en la cadena de relaciones con sus clientes, las grandes compañías beneficiarias de los concursos.
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