La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declaraba ajustado a derecho el ERE en UGT Andalucía, por el que hubo un despido colectivo de 159 trabajadores, y ha ordenado repetir el juicio. Y lo mismo ha hecho con la sentencia TSJA que declaró ajustado a derecho el ERE que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), que supone un despido colectivo de 176 trabajadores, y ha ordenado repetir el juicio. Ordena repetir ambos juicios.

Juan Francisco Trujillo, más conocido como el chófer de la coca del caso de los ERE, ha sido condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por desviar parte de los 1,3 millones de euros en ayudas de la Junta de Andalucía a la compra de droga, además de consumiciones en "restaurantes y establecimientos de ocio". La Audiencia ha condenado a quien fuera chófer del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en una pieza separada del caso ERE por las ayudas otorgadas por el Gobierno andaluz, en la etapa del PSOE

Noticias de Andalucía. Con Chaves y Griñán, se ponen en entredicho dos décadas del PSOE andaluz y de la Junta, y por más que Susana Díaz no quiera mirar al pasado, el partido está muy tocado por el golpe. Cuando se marchó Mercedes Alaya a la Audiencia de Sevilla, muchos lanzaron la idea de que el caso ERE se desmoronaba como un castillo de naipes. Nada más alejado de la realidad.

La Audiencia de Sevilla ha dado a conocer en la mañana de este martes la sentencia por la pieza política del caso de los ERE, que condena al expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Y condena también al expresidente José Antonio Griñán a 15 años de inhabilitación y seis años y dos días de prisión por un delito de prevaricación y otro de malversación.

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo autorizados en Andalucía asciende en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2016 a 4.503 afectados, lo que supone un incremento del 13,7 por ciento en relación con 2015, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Según los datos del Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio, consultados por Europa Press, de los 4.503 trabajadores afectados en Andalucía 2.612 se vieron afectados por la suspensión temporal de su contrato, un 37,5.

La Junta mantiene vivo el sistema de transferencias de fondos públicos que es la clave de bóveda de todos los grandes escándalos en Andalucía. Los mecanismos presupuestarios que han permitido repartir el dinero público de forma arbitraria entre agentes sociales, empresas públicas y empresarios continúan activos. La Junta avala a empresas privadas que no pagan sus créditos, no recupera el dinero prestado y continúa contratándolas a pesar de que no cumplen con los requisitos que establece la ley.

La Audiencia de Sevilla ha condenado a los expresidentes de la Junta de Andalucía el caso de los ERE, que ha juzgado durante 2018 la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis por parte de la Junta de Andalucía entre los años 2001 y 2010. Chaves ha sido condenado a 9 años de inhabilitación especial y Griñán 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días. La sentencia no es firma y puede ser recurrida al Supremo.

El Tribunal Supremo y la Junta de Andalucía dan la razón al abogado Carlos Leal en su denuncia de los errores de la magistrada y la Guardia Civil. La Junta ha reconocido la legalidad de las ayudas sociolaborales y afirma que no existe perjuicio al erario público. Para el abogado resulta “absurdo”. ¿Y el PP? “Han estado cuatro años diciendo que había que recuperar el dinero de los ERE, pero no querían. Les interesaba mantener la ficción de los 855 millones y ocultarlos conscientemente a la opinión pública. Han vendido una mentira”.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidió apartar a la juez Mercedes Alaya de la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y del resto de ‘macrocausas’ dada su “clara voluntad de no colaboración” con la juez titular, María Núñez Bolaños, y para “evitar un escenario en el que surjan situaciones de conflicto” entre ambas magistradas.

Un imputado en el caso de los ERE fraudulentos por las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a empresas de la Sierra Norte de Sevilla ha fallecido recientemente, de manera que se elevan a tres los investigados en esta causa cuya muerte ha trascendido en el último mes de enero.

El juez Álvaro Martín ha citado a declarar en calidad de investigados el próximo día 16 de marzo a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán dentro de la pieza del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el auto en el que el juez Álvaro Martín procesó a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 24 exaltos cargos dentro de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Así lo ha dictaminado la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla en un auto en el que ha rechazado los recursos presentados por los expresidentes.

El expresidente andaluz comparece en el juicio de los ERE imputados por prevaricación y señala que sí conoció y se interesó por las empresas en crisis porque era su "obligación"

Este mes el caso de los ERE de la Junta de Andalucía cumple cinco años. A finales del mes de enero, una desconocida jueza llamada Mercedes Alaya, abría las diligencias de investigación del caso de los ERE falsos de la Junta. Lo que comenzó siendo una pesquisa por el supuesto cobro ilegal de comisiones en Mercasevilla, desembocó en una presunta trama de concesión irregular de ayudas a empresas en crisis e inclusión de falsos prejubilados (los conocidos como intrusos) en ERE aprobados por el Gobierno andaluz entre 2001 y 2010.

El Tribunal de Cuentas ha desestimado el recurso de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, contra el acta de liquidación provisional de las diligencias contables de las ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía, un acta traducida en un "requerimiento de pago" que supera los 9.745.882,78 euros en el caso del sindicato y de 2.787.816,95 a Daniel Alberto Rivera exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía .

Hace justo cuatro años, el 19 de enero de 2011, se incoaron las diligencias previas que más han dado que hablar en Andalucía y que afrontan un quinto año donde pueden conocerse las primeras resoluciones judiciales definitivas.El juez instructor del Tribunal Supremo cuenta desde hace doce días con una copia de la causa al completo: 22 cds que contienen 243 tomos con 140.000 folios.

Elimco vive una situación agónica tras declararse en concurso voluntario de acreedores hace casi tres meses. Elimco entró en concurso pese a haber sido rescatada por la Junta de Andalucía, que le condonó la devolución de un préstamo de 5 millones del fondo europeo Jeremie a cambio de asumir el 25% del capital en 2012. La Junta -la consejería de Empleo- permitió además al matrimonio Jiménez cobrar un dividendo de 300.000 euros cuatro días antes de condonarles el crédito por la supuesta falta de liquidez para pagarlo.

La juez María Núñez Bolaños ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una propuesta para que el juez de refuerzo, Álvaro Martín, instruya las 6 primeras piezas en que ha dividido el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, entre las que se encuentra la del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas abierta contra 52 ex altos cargos, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Los expresidentes andaluces figuran como investigados en la pieza separada sobre los pagos de la Junta de Andalucía a las empresas implicadas en la trama.

Más verosímiles políticamente que judicialmente, los argumentos de la acusación son partícipes de la leyenda de una Andalucía subvencionada y clientelar

Esta semana se conocerá el fallo del Tribunal en el procedimiento judicial que afecta a una década de Gobiernos andaluces. Entre los condenados se encuentran los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Las penas van desde los seis y ocho años de cárcel para nueve de ellos a la inhabilitación por prevaricación de los otros nueve. Por la instrucción pasaron los jueces Mercedes Alaya, María Núñez Bolaños y José Ignacio Villaplana. En noviembre de 2019 se dictó sentencia, ahora el Supremo se pronuncia antes los recursos.