No se pagaron comisiones por parte de los bancos a la familia del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, pero sí "bonificaciones" a distintas empresas públicas catalanas por concederles las gestión de las nóminas de funcionarios. Así lo han declarado este lunes tres ex altos cargos de la Generalitat que han negado ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que los bancos pagaran comisiones a la familia Pujol por llevar las nóminas de los empleados públicos.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el procesamiento del ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez y de otros dos ex altos cargos en la 'pieza política' de los ERE fraudulentos, resolviendo así todos los recursos interpuestos en dicha pieza, por la que se sentarán finalmente en el 'banquillo' 22 acusados, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Un total de 84 ex altos cargos han recibido autorización del Gobierno, desde que comenzó la legislatura, para dedicarse a la actividad privada tras su cese, pero sólo una docena, un 14 por ciento, solicitó volver a la empresa para la que trabajaba previamente.

Después de trescientos días, los altos cargos del PP durante la legislatura de Cospedal han decidido presentar sus declaraciones de bienes, algo a lo que estaban obligados por Ley. Tras este anuncio, el Gobierno de Page ha decidido archivar el procedimiento sancionador que había puesto en marcha.

Un total 28 personas que en su momento ocuparon cargos públicos mantienen escolta personal por parte de la Policía o de la Guardia Civil, según ha explicado el Gobierno a Izquierda Unida en un documento en el que también detalla que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prestan servicio de protección a otras 118 personalidades y personas que siguen ostentando un cargo público nacional o autonómico.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido Emiliano García Page, ha reclamado por carta a más de 100 ex altos cargos y personal de confianza del ejecutivo de María Dolores de Cospedal la devolución de los teléfonos móviles y tabletas (en su mayoría iPhones y iPad) que usaron durante el anterior mandato.

Los mejor pagados han desarrollado una larga carrera empresarial después de abandonar la política.

La Oficina de Conflictos e Intereses (OCI) es la encargada de autorizar, durante un periodo de dos años, si un ex alto cargo puede trabajar en la actividad privada tras su cese en la administración pública. En cambio, solo ha emitido 15 denegaciones desde 2008. Se trata del 3,6% de solicitudes totales en 14 años.

La polémica sobre las llamadas puerta giratorias se ha reavivado con la reciente denuncia por Unidos Podemos de una “trama” de relaciones entre políticos y empresarios, cuyo fin primordial es preservar sus “privilegios” a costa de “la mayor parte de la población”. Casi la mitad están en el sector energético. Solo los que pertenecen a los consejos de administración de las grandes empresas y bancos se embolsaron más de 18 millones de euros en 2016

En aeropuertos destaca Airia, presidida por un expresidente de Aena, y en el ferroviario Consultrans, del expresidente de Renfe y exministro Julián García Valverde. En el sector portuario hay varias pequeñas firmas vinculadas a antiguos responsables de Fomento con una elevada especialización. Aena adjudica contratos por más de 6,8 millones a la consultora de uno de sus expresidentes

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que vuelva a imputar en el caso Púnica a cinco ex altos cargos del PP, incluido los exconsejeros madrileños Salvador Victoria y Lucía Figar, investigados por su presunta participación en una trama corrupta urdida desde las instituciones dirigidas por el partido.

A Agustín Conde y Arturo Romaní, se ha unido también Eliseo Goméz Velaco como Subsecretario de Régimen Interior. Fue secretario general de Hacienda en el Gobierno castellano-manchego, ejecutando la polémica reforma del parque móvil de conductores.

La transparencia en España es opaca. Al menos en lo que a altos cargos se refiere. Porque Rajoy no sólo salió de la Moncloa sin haber publicado las declaraciones de bienes de los miembros del Ejecutivo, sino que desde 2014 no se actualiza ninguna de estas comunicaciones para decenas de otros altos cargos del Estado. Esta obligación proviene de una ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración General del Estado. Se implantó en 2006..

El coste de las retribuciones a altos cargos del Gobierno ha aumentado en la etapa de Pedro Sánchez con respecto a la etapa de Rajoy. De acuerdo con los datos de la Dirección General de Costes de Personal, el Ejecutivo destinó el pasado septiembre a retribuciones de altos cargos de los ministerios, organismos autónomos, entidades gestoras, Tesorería General y UNED un 15,8% más de lo que se desembolsó en mayo,antes de la llegada de Sánchez a La Moncloa.El gasto en altos cargos solo de los ministerios subió entre esos meses un 15,9%.

El Gobierno de Rajoy incumple la ley de transparencia, actúa de forma opaca, no practica el regeneracionismo y no publica los bienes de los altos cargos.Siete meses después de la entrada en vigor de la ‘Ley de Transparencia’, el Gobierno de Rajoy sigue sin cumplirla y se resiste a publicar la declaración de bienes y patrimonio de altos cargos de la Administración Pública, tal y como establece la propia norma

Las estadísticas oficiales nos dicen que durante estos cuatro años han sido nombrados más de 400 altos cargos, sin contar los 177 embajadores que un sectario como García-Margallo ha ido cesando y nombrando compulsivamente sin orden ni concierto. Pero a nuestros efectos, sin duda, son estos 400 altos cargos con rango de Secretarios de Estado y asimilados; Subsecretarios, Secretarios Generales y asimilados y los Directores Generales y asimilados los que hemos considerado de especial interés informativo y que hemos seleccionado...

La Audiencia reabre el caso Interligare, que investiga delitos de altos cargos de Rubalcaba. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial revoca el auto de sobreseimiento de junio de 2014 y ordena al Juzgado número 36 practicar las diligencias que solicitó la Fiscalía Anticorrupción. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir el denominado caso Interligare, que investiga una supuesta trama de corrupción en torno a la concesión de contratos públicos por parte de altos cargos del Ministerio del Interior...

La Junta de Andalucía pagó 53.032 euros en el mes de diciembre en indemnizaciones para vivienda de sus altos cargos. Según recoge el Portal de Transparencia de la comunidad, un total de 50 altos cargos del gobierno andaluz tenía derecho a percibir esta ayuda para pagar su residencia.

El PP denuncia el aumento de altos cargos en el Gobierno. Además, denuncia que el Gobierno exime a 25 altos cargos del requisito de ser funcionarios.

En ocho años la Oficina de Conflictos de Intereses ha autorizado 378 incorporaciones de altos cargos al sector privado. Los expedientes tramitados p ara el paso de los altos cargos del Estado al sector privado por la Oficina de Conflictos de Intereses durante sus ocho primeros años de actividad (2006-2013) no están publicados en el Portal de Transparencia.

Un salario que, por tanto, se sumaría al que ya perciben como altos cargos y que en ningún caso es inferior a los 58.000 euros, ya que entre el primer y tercer escalón del Consell todos los sueldos oscilan de los 95.521 que cobra el president a los casi 60.000 euros anuales que percibe un director general. En definitiva, un cambio que, a la postre, permitirá que los altos cargos puedan ver engrosadas sus nóminas aunque no sea a través de una subida de salarios pura y dura a los miembros del Gobierno valenciano.

La presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, ha retirado de sus cargos a diez altos cargos del Ejecutivo que se han ausentado del país "sin excusa" durante la crisis del ébola, que ha provocado la muerte de miles de personas. Entre los retirados de sus cargos se encuentran seis ayudantes de ministerios y dos viceministros del Ministro de Justicia. El despido tiene "efecto inmediato", según el comunicado del Ejecutivo.

El (escaso) debate público que ha habido en España acerca de los sueldos de los políticos y de los altos cargos carece de una base fáctica rigurosa y/o se encuentra muy polarizado: tan pronto se escuchan voces —las menos— reclamando una mejor retribución de nuestros cargos públicos para poder atraer a los mejores profesionales (la filosofía del you get what you pay for) como se escuchan quejas —las más— acerca de lo mucho que cobran los políticos y de los innumerables privilegios de que disfrutan frente al común de la ciudadanía.

La Generalitat de Cataluña, bajo la presidencia de Carles Puigdemont, dispone de 376 altos cargos y directivos. El departamento con un mayor número de cargos de alta responsabilidad es el de Presidencia, con 71, seguido por el de Salud (43) y la recién creada Vicepresidencia de Economía y Hacienda (40). La asociación Convivencia Cívica Catalana ha publicado en un comunicado un resumen de un análisis más detallado de 37 páginas sobre los niveles retributivos en la administración pública catalana.