La polémica sobre las llamadas puerta giratorias se ha reavivado con la reciente denuncia por Unidos Podemos de una “trama” de relaciones entre políticos y empresarios, cuyo fin primordial es preservar sus “privilegios” a costa de “la mayor parte de la población”. Casi la mitad están en el sector energético. Solo los que pertenecen a los consejos de administración de las grandes empresas y bancos se embolsaron más de 18 millones de euros en 2016
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