La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valle de Mena (Burgos) ha aprobado este viernes aprobará una resolución instando al Gobierno de España que no autorice la reapertura de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, que se encuentra a 35 kilómetros de este municipio. La propuesta formulada por la Concejalía de Medio Ambiente surge como respuesta a la posibilidad de la empresa Endesa de solicitar la reapertura de la central térmica, ubicada en Santa María de Garoña, al considerar que las razones económicas que motivaron el cierre en 2012.

La empresa Nuclenor ha solicitado al Ministerio de Industria Energía y Turismo la renovación del permiso de explotación de la central Garoña hasta 2031, es decir, hasta que alcance los 60 años de funcionamiento, límite legal hasta el 2031. Nuclenor disponía de plazo hasta el 6 de julio para solicitar la renovación

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto a Nuclenor una multa de 18,4 millones de euros por el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), por una infracción muy grave al infringir el artículo 60 a) 20 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, consistente en "la reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica".

La Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados (CNMC) ha multado con 18,4 millones de euros a Nuclenor, sociedad participada al 50 % por Iberdrola y Endesa que gestiona la central nuclear de Garoña, por cerrar la central nuclear en diciembre de 2012 sin autorización.

Según Cristina Narbona, consejera del CSN, la población que se encuentran dentro del área de influencia de la central burgalesa “no debe tener ninguna preocupación” ya que está bajo una supervisión “muy seria”. La estructura es de los mismos fabricantes que las de las centrales belgas que se han tenido que cerrar por "graves deficiencias". El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) insiste en que solicita a Nuclenor que cumpla "una lista exhaustiva" de requisitos para que pueda alargar la vida de Garoña 17 años más.

El titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), Nuclenor, ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear la planificación de las actividades previstas para cumplir con la información y requisitos adicionales solicitados por el regulador atómico de cara a la renovación del permiso de operación de la planta, que quiere seguir produciendo electricidad hasta 2031.

La central de Garoña cesó su actividad a finales de 2012 y cerró definitivamente (pero en falso) en julio de 2013. Pero ahora, tras varias reformas legales diseñadas a medida e impulsadas por el Gobierno, la empresa propietaria de la planta (Nuclenor, controlada por Iberdrola y Endesa) trata de reabrirla y obtener permiso para mantenerla operativa hasta 2031. El Consejo de Seguridad Nuclear tiene que dar su visto bueno (si lo hace, abrirá la puerta a que el resto de centrales españolas también funcionen durante 60 años).

Greenpeace ha vuelto a exigir hoy que el expediente en torno a la posible reapertura de la planta se someta a información pública y a un estudio de impacto ambiental con carácter transfronterizo. No es la primera vez que la organización ecologista reclama este extremo (la última vez fue el pasado 22 de junio), alegando que “ambos procedimientos son de obligado cumplimiento antes de decidir reabrir una central, según el Convenio de Espoo”.

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por Nuclenor en contra de la sanción de 18,4 millones de euros que le impuso en julio de 2014 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña. En su sanción, el regulador consideró que Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola, había incurrido en una infracción muy grave al acometer una "reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica".

El portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, advierte de las “condiciones de seguridad deplorables” que presenta la central pero denuncia que el Gobierno del PP junto con la “falta de rigor” del CSN han convertido la continuidad de la central en una “cuestión política”, más allá de las intenciones de Endesa e Iberdrola, accionistas al 50% de Nuclenor, la propietaria de la central nuclear.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha explicado que la decisión sobre la eventual reapertura de la central nuclear de Garoña corresponde a Nuclenor –la sociedad que opera la planta–, que analizará las inversiones necesarias y determinará «si es rentable o no».En su participación en el 14 Encuentro del Sector Energético organizado por IESE y Deloitte, Bogas ha recordado que la central pertenece a Nuclenor, sociedad participada tanto por Endesa como por Iberdrola, y que, por tanto, corresponde a los órganos de esta empresa

El rendimiento de la central nuclear a Garoña debería ser estratosférico para que su apertura hasta 2031 fuera rentable para su propietaria, Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola. La suma de las inversiones, pasadas y futuras, para volver a arrancar el reactor se va por encima de 400 millones de euros. La última palabra sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña la tiene Nuclenor, la sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola poseedora de la licencia para explotar la instalación.

Nuclenor, sociedad compuesta a partes iguales por Endesa e Iberdrola, descarta reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos.Una decisión que ya está tomada, aunque no es oficial. De esta manera, Iberdrola, que ha abogado por el cierre de la central, logra llevarse a Endesa a su terreno a pesar de mostrarse prudente ante la próxima manifestación del Gobierno.

La junta general de Nuclenor, participada al 50% por las dos compañías, ha decidido no desistir de la solicitud que hizo hace tres años para renovar la autorización de su explotación por la falta de consenso en torno al futuro de la central.Nuclenor, empresa titular de la central nuclear de Garoña (Burgos) y participada al 50% por Endesa e Iberdrola, no desistirá de la solicitud que hizo hace tres años para renovar la autorización para su explotación al no llegar a un acuerdo los dos socios, que tampoco lo han alcanzado para presentar alegacion

La autorización de desmantelamiento deberá ser solicitada por la Empresa estatal de Residuos (ENRESA), empresa encargada de realizar estas actividades. Además, tendrá que pedir la transferencia de titularidad de la central. Antes de la concesión de esta autorización y del traspaso de titularidad, se abrirá un periodo previo de desmantelamiento. Tras este periodo el Ministerio de Energía deberá emitir la declaración de clausura. Será entonces cuando ENRESA devuelva el emplazamiento a su titular, en este caso Nuclenor.

La alcaldesa del Valle de Tobalina, donde está ubicada la planta, Raquel González, ha confirmado que el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña comenzará en el segundo semestre de 2019. La empresa está ultimando la redacción del plan y confía que en los primeros meses de 2019 pueda recibir los vistos buenos preceptivos, entre ellos los del Consejo de Seguridad Nuclear y la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA).

El Gobierno de Pedro Sánchez obligará a la Junta de Castilla y León a replantear el impuesto que aplica desde el pasado mes de noviembre a Nuclenor, la empresa propiedad de Endesa e Iberdrola que gestiona la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, a cuenta del riesgo ambiental derivado de la generación y acumulación en la zona de los residuos nucleares generados por la instalación.

La instalación se encuentra en situación de parada definitiva desde 2017 y encara ya su desmantelamiento. De hecho, Enresa, la empresa pública encargada de hacerlo, indica que ultima la documentación para pedir al Ministerio para la Transición Ecológica que Nuclenor le ceda la titularidad de la central, algo que espera hacer durante este trimestre. El borrador del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos señala que el coste de desmantelar todas las centrales del país ascenderá a unos 4.224,9 millones de €, sin considerar gestión de residuos

Tras abandonar Álava por Sobrón, una carretera sinuosa bordea el río Ebro –muy caudaloso en esta época del año– y cruza túneles excavados en la roca. A unos kilómetros, ya en el Valle de Tobalina, un cartel de “Central Nuclear” obliga a poner el intermitente justo antes de llegar a Barcina del Barco, un pueblo de 75 habitantes de la provincia de Burgos. La ruta cambia el asfalto por otra superficie más rugosa y cruza el río por un puente.