Los retrasos para una consulta en Atención Primaria, 7,76 días de media, está derivando en un aumento de población que suscribe seguros privados y, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), "por cada día más de demora, 289.000 personas se hacen un seguro privado". La Comunidad de Madrid lidera el porcentaje de población con aseguramiento privado, el 38,11%, seguido de Cataluña (32,82%) y Baleares (30,10%), mientras que el porcentaje más bajo se da en Navarra, 10,79%.

El PSOE, pese a los plenos de investidura, no ha paralizado su actividad parlamentaria y tiene previsto presentar, esta misma semana, varias proposiciones de ley. Una de ellas defiende la contratación directa de los ex escoltas del País Vasco que protegieron a autoridades políticas antes del fin de ETA. En abril de 2014 se aprobó la llamada Ley de Seguridad Privada, que permitía la contratación de vigilantes privados para las cárceles del Estado. La medida, que se empezó a aplicar ese mismo verano, se justificó asegurando que era una fórmula?..

"No queremos policías vigilando edificios, salvo casos como el de Cibeles, todos estarán en las calles. Se sustituirá por seguridad privada, que en muchos distritos ya está así. Nos apoyaremos en la seguridad privada porque los madrileños quieren que su policía esté en la calle atendiendo sus problemas".

Hay muchos motivos para contratar un seguro sanitario privado. De todos los posibles, hay dos que no deberíamos permitir como sociedad: I) que las listas de espera sean tan largas que la gente sienta que no obtiene la asistencia que necesita en el momento en el que la necesita y II) que la población no tenga acceso a la atención sanitaria fundamental que se lleva a cabo en la atención primaria. Un 24,4% de la población española tiene un seguro sanitario privado. En la Comunidad de Madrid, ese porcentaje se dispara al 38,1%.

La Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) advierte que hay "errores graves" en los pliegos del concurso público. Los servicios de seguridad privada en los centros de salud y hospitales de la comunidad gallega acaparan habitualmente muchos titulares y casi nunca por buenas noticias. A las agresiones que sufren los trabajadores por parte de usuarios y las empresas "pirata" -como las califican los sindicatos.

Empresas como Seguridad Integral Canaria contratan con la Administración pese a sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social.En particular, el escrito de 15 de septiembre a la Mesa del Congreso de los Diputados, de Antonio Trevín, elegido por la circunscripción de Asturias, enfoca la situación de la seguridad privada en España, menciona su perfil polémico por ser considerado a veces una vía para eludir la prestación del servicio público...

La contratación de seguros de salud en España se ha disparado en el último año. De hecho, las suscripciones online de este tipo de pólizas han crecido un 10% con respecto a 2021. Así lo refleja un informe realizado por el buscador de seguros Doctor i que apunta a la irrupción del covid en 2020 y al colapso de la sanidad pública para justificar el aumento de seguros privados. De hecho, con los datos del estudio, el 75% de los españoles que ha contratado este 2022 una póliza de salud por Internet no contaba con ninguna anterior. Por comunidades,

El incidente ocurrido en Paraguay entre un cliente de la empresa de telefonía móvil Tigo y un guardia de seguridad de la empresa nos obliga a analizar el problema a mayor profundidad: ¿Brindan seguridad estas fuerzas privadas o solo contribuyen a crear inestabilidad sobre nuestras libertades?

Según denuncia el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Privada, Intersindical STSP, miles de aparatos fueron comercializados e instalados por las principales empresas de seguridad privada sin tener certificados válidos. Así habrían actuado Prosegur y Securitas Direct entre otros. Las irregularidades denunciadas se habrían producido entre 2011 y 2014 y como fruto de las certificaciones sin acreditación emitidas por varias entidades certificadoras.

La Intersindical-Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada (Intersindical-STSP) denunció a seis mandos policiales ante el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por vulnerar las órdenes ministeriales que obligan a la Policía a vigilar los materiales y actuaciones de las grandes empresas de seguridad privada. Las denuncias indican que el Cuerpo Nacional de Policía debía haber sancionado por valor de 15.000 millones de euros a diferentes sociedades por no instalar material de seguridad homologado en viviendas, empresas e instituciones.

La justificación de esta medida reside en la afirmación de que las personas que tienen un seguro sanitario privado ahorran dinero a la sanidad pública al utilizar los servicios sanitarios privados en vez de los públicos. Esta afirmación, lejos de haberse demostrado como cierta, se ha convertido en un dogma de fe entre los defensores de la integración de la sanidad privada en el sistema nacional de salud, apareciendo de forma recurrente en los debates sin que haya ningún estudio -real, no propagandístico- que lo avale.

Naciones Unidas ha solicitado este lunes una regulación más firme a nivel mundial en torno a las operaciones de las empresas de seguridad privadas, al tiempo que ha recalcado que la condena contra cuatro antiguos empleados de Blackwater por su papel en la muerte de 14 iraquíes desarmados en 2007 en Bagdad refleja la necesidad de que los trabajadores de estas compañías sean juzgados por sus violaciones del Derecho Humanitario.

ETA no existe en la práctica, pero no es óbice para que el Estado siga subvencionando la seguridad privada a los partidos políticos con representación parlamentaria, además de fijar los efectivos policiales necesarios. Según los informes para su fiscalización remitidos al Tribunal de Cuentas, el Estado destina casi 3,4 de euros al año en subvenciones para este concepto; una cantidad a añadir al conjunto de ayudas o subvenciones oficiales que los partidos perciben en función de la ley para su financiación.

Estamos en año electoral y la seguridad privada de los partidos políticos se dispara. Este año, con tantas elecciones, las subvenciones oficiales pueden superar la cifra récord de 4 millones de euros.

El Congreso de los Diputados ha pedido este martes al Ministerio de Defensa que rescinda el contrato que mantiene con la empresa que presta servicios de seguridad privada a sus edificios y organismos autónomos, acusada de imponer "precarias" condiciones laborales a sus trabajadores. Marsegur es una empresa que "maltrata" a sus trabajadores y sus derechos laborales recortándoles el sueldo hasta un 40 por ciento, retrasándose en el pago de las nóminas o incumpliendo las sentencias que han anulado el convenio laboral.

Con la llegada de 2018, ha entrado en vigor la ley que permite a los agentes de seguridad privada que operan en suelo francés portar un arma. La ley fue aprobada el pasado 1 de marzo de 2017 dentro de un paquete de medidas para contrarrestar la oleada de ataques terroristas de factura islamista que ha sufrido Francia en los últimos años. La Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos teme que, con la aplicación de esta ley, puedan producirse abusos debido a la deficiente formación que reciben los vigilantes y a la escasa supervisión.

El informe de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que aglutina al sector sanitario privado, destaca que el 29,1% de las operaciones quirúrgicas y el 23,3% de las urgencias se realizan en centros privados.

El sector de la seguridad privada sigue siendo uno de los más morosos con Hacienda según los datos que ha publicado este jueves el Ministerio. Algunas de las grandes empresas que en los años anteriores han sido actores protagonistas del sector mantienen ahora deudas superiores a 140 millones de euros a 31 de diciembre de 2017, unas deudas que han aumentado en los últimos 12 meses.

Una de las novedades tecnológicas que ha crecido como consecuencia de la Covid-19 son las videoconsultas a través de los seguros de salud privados. Si bien la atención médica presencial sigue siendo necesaria para muchos tratamientos, muchos jóvenes y personas habituadas a las nuevas tecnologías aprecian los beneficios de la telemedicina o asistencia sanitaria a distancia.

Según el responsable de Seguridad Privada de la CIG, Pedro Pérez, este proceso estuvo "lleno de deficiencias desde el principio", hasta el punto que la Xunta "tuvo que desistir del anterior concurso tras las alegaciones presentadas". En los últimos años se han sucedido la entrada de empresas consideradas "pirata" en el sector prestando servicio en edificios públicos, como hospitales o incluso delegaciones territoriales.