El que fuera subsecretario del Ministerio de Vivienda cuando dirigía dicho departamento la socialista Beatriz Corredor, Marcos Vaquer, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, que le investiga por la adjudicación de un contrato de publicidad relacionado con el Plan de Vivienda 2009-2012 a la empresa de comunicación Crespo Gomar, la agencia de comunicación que facturó servicios para el PSOE valenciano (PSPV), ser defendido por la Abogacía del Estado

La presidenta de Abogadas para la Igualdad, Elena Ocejo Álvarez, ha anunciado que la organización estudia acudir a los tribunales para reclamar que el Ilustre Colegio de Abogados (ICA) Oviedo pase a llamarse Colegio de la Abogacía "por imperativo legal". Elena Ocejo ha incidido en que como corporación de derecho público el órgano colegial está sujeto a la Ley de Igualdad y "debe utilizar lenguaje no sexista e inclusivo, máxime en su denominación".

José Antonio Choclán adquiere un inmueble a través de subasta que era de otro cliente suyo y que cuenta con 600 metros construidos y 3.000 de superficie total.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, solicitó hace unos días a la Abogacía General del Estado que le informase sobre la inviolabilidad del Rey emérito. La socialista consultó a la máxima responsable de los Servicios Jurídicos del Estado sobre la posibilidad de que don Juan Carlos sea investigado por un juzgado a raíz de las grabaciones de Corinna.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la modificación del Decreto que regula la asistencia jurídica gratuita en la Comunidad de Madrid. Los abogados y procuradores del turno de oficio cobrarán sus servicios a mes vencido, en lugar de hacerlo de forma trimestral como ocurría hasta ahora

Cuatro y media de la tarde del viernes 26 de octubre. El módulo 15 de la prisión de Lledoners (Barcelona) recibe continuas visitas a los presos del procés. En media hora de espera, antes de que el ex líder de ANC Jordi Sánchez reciba a El Independiente, las paredes de ladrillos azules de la prisión catalana cuentan con la presencia del director general de instituciones penitenciarias de Cataluña, dos consellers, diputados y familiares de los líderes independentistas.

PP y Ciudadanos consideran "indecente" la acusación.

El gesto" de Moncloa a los independentistas que puede ser mucho más que eso. La decisión del Ejecutivo de Sánchez de forzar una acusación por sedición en la causa del 'procés' desactiva de facto una posible condena por rebelión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La Abogacía del Estado acude al juicio que se celebrará en el Tribunal Supremo con un escrito que asegura que los hechos encajan en la sedición y no en rebelión. El mismo cuerpo debería defender en Europa un eventual recurso de

María Dolores de Cospedal ha pedido su reingreso en la Abogacía del Estado, según fuentes cercanas a la exsecretaria general del PP, tras formalizar su renuncia al escaño como diputada del Congreso, ocho días después de anunciarla.

La ex secretaria general del PP se incorpora al Supremo a defender resoluciones del Ejecutivo. Se descartó que fuera a un ministerio a asesorar en la elaboración de normas

Los letrados de la Comunidad de Madrid piden a los responsables de ese proyecto, investigado por la Audiencia Nacional, que "restituyan y reparen el daño económico ocasionado y la indemnización de los perjuicios causados". En ese documento, los letrados argumentan que “la Comunidad de Madrid debe reclamar por el menoscabo ocasionado, por el perjuicio patrimonial que ha sufrido, con pérdidas económicas derivadas de las actividades no fiscalizadas”; “ha quedado acreditado de modo objetivo que la gestión del Campus de la Justicia ha sido realizada

Artículo desde el punto de vista de los abogados en procesos contencioso-administrativo. El descenso de los litigios como consecuencia de la reforma de 2011, que tenía como objetivo agilizar la administración de justicia y que en ocasiones provoca que las costas a las que el demandante debe enfrentarse pueden ser superiores a la cuantía por la que se demanda, ha resultado en menor actividad para algunos abogados.

El Estado afirma que la prórroga dada a Ence en Pontevedra no fue "conforme a derecho" y desiste de defender en los tribunales la prórroga otorgada por el Ejecutivo de Rajoy para que Ence siguiera ubicada en el litoral público al entender que fue ilegal. El Estado se refiere a la normativa de Costas que fija que "unicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre" en aquellas instalaciones que "por su naturaleza no puedan tener otra localización"; lo que a la abogacía del estado no le parece justificado. [GLG]

La Abogacía del Estado insiste en reclamar la imputación de votantes heridos que denunciaron la intervención policial del 1-O en Barcelona, a los que acusa de formar una "masa tumultuaria" contra la Policía. En un recurso de hondo calado político, la Abogacía censura el rechazo del juez a investigar a los votantes al considerar su actitud "meramente pasiva" así como la valoración del instructor de que fueron "víctimas directas de la situación de confrontación generada por los poderes públicos".

Los servicios jurídicos del Estado se oponen a las medidas cautelares solicitadas en contra de la decisión del Gobierno de sacar los restos del Valle de los Caídos. La Abogacía del Estado sostiene que no se vulneran derechos fundamentales de la familia y que la exhumación no es irreversible

El Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (Conede) ha denunciado este miércoles que la prueba de acceso a la abogacía que se realizó el pasado sábado 6 de abril no cumplió las bases legales de la convocatoria, ya que de manera "sorpresiva" se modificó la formulación de las preguntas. Estudiantes de Derecho denuncian que la prueba de acceso a la abogacía convocada por Justicia no cumplió las bases.Si bien Conede señala que este planteamiento debió ser cambiado porque el resultado fue un examen "plenamente práctico sin tener en consideración

La Abogacía de la Generalitat Valenciana ha presentado un escrito de acusación "ad cautelam" contra el expresident Francisco Camps y otros ex altos cargos del Consell y empresarios en la causa sobre la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en Valencia. El escrito de acusación se ha presentado este martes, en el último día de plazo para presentar los escritos correspondientes, pendiente de que se resuelva definitivamente su petición para que se complete la prueba pericial de la causa.

La Abogacía del Estado cierra filas con el Consejo General del Poder Judicial en su decisión de mantener a Enrique López en la cúspide de la Audiencia Nacional, pese a la sentencia del Tribunal Supremo que establece que su nombramiento y el de Eloy Velasco fueron irregulares.

Ha sucedido en Cádiz y ni siquiera ha hecho falta un juicio previo. Porque está condenado. Se llama Agustín Martínez Becerra, en adelante, y para toda su vida, "el-abogado-de-La-Manada", así todo junto, para subrayar con la escritura el carácter eterno de la condena. Es el primer caso en España en el que el abogado de unos delincuentes corre la misma suerte que sus defendidos. Nunca le había pasado al abogado defensor de un violador, de un asesino o de un terrorista; es posible, incluso, que ni siquiera nos acordemos del nombre de los...

La Audiencia de Barcelona ha rechazado imputar a nueve votantes del referéndum del Instituto Pau Claris de Barcelona. En un auto, que incluye reflexiones de hondo calado político sobre el conflicto vivido el 1-O, las magistradas concluyen que no cabe investigar a los votantes por resistencia o desobediencia a los agentes, tal y como pretendían el Ministerio Público y las defensas de los policías imputados.

La negativa de la Abogacía del Estado que ha esgrimido la ministra de Hacienda para no transferir más financiación a las comunidades autónomas no existía por escrito. Hasta este martes no hubo informe alguno que desaconsejase la liberación de los fondos, sino sólo consultas verbales, de las que el Ejecutivo en funciones se valía como si en realidad fueran documentos. Así lo aclaran fuentes cercanas a la ministra en funciones María Jesús Montero.

El Supremo tendrá que decidir si el Consell puede comunicarse con los gobiernos catalán y balear en la lengua propia de estos tres territorios o si, de lo contrario, tiene que hacerlo en castellano porque la lengua de Valencia es el "valenciano" y en Cataluña y las Baleares es el "catalán". El alto tribunal tiene que validar, o no, la decisión tomada por el TSJ valenciano según la cual la Generalitat no puede dirigirse a administraciones de otros territorios del ámbito lingüístico porque en Cataluña y las Baleares el valenciano no es oficial.

La Abogacía del Estado considera que la Generalitat Valenciana se debe comunicar en castellano con las administración catalana y con la balear porque el valenciano es solo 'oficial en la Comunitat...