39,6%. Ése es el tax wedge de un trabajador soltero español que gane el equivalente al salario medio de nuestro país. Es decir, de lo que la empresa paga por tener a este español medio contratado, Hacienda se lleva casi el 40% antes de empezar a hablar. El reparto del palo fiscal al trabajo en España es el siguiente: 11,6% en impuestos directos (IRPF), 4,9% en Seguridad Social del empleado y 23,0% en Seguridad Social a cargo de la empresa. En total, 4 de cada diez euros que el trabajador nunca verá. Es un dato elevado que destaca por 3 motivos:

Keka Socimi, pequeña compañía propiedad de los hermanos Alfonso y Francisco de Borbón Escasany, primos segundos del Rey Juan Carlos, prevé empezar a cotizar la próxima semana en el Mercado Alternativo Bursátil. La empresa ha presentado ya toda la documentación en Bolsas y Mercados Españoles y ha contratado a Banco Popular como asesor registrado. Estas sociedades no tienen que pagar impuesto de sociedades y tienen una bonificación del 95% en el impuesto de transmisiones patrimoniales

En lo que llevamos de año, por cada siete afiliados que se incorporan al sistema entra un pensionista, según el secretario de Estado de Seguridad Social.

El sistema público de pensiones español es fuerte y es más sostenible y está mejor preparado que en los países del entorno de la Unión Europea.

¿Cuál es la situación actual del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos? ¿Cuál es la base media de cotización de un trabajador?

El Gobierno ha planteado a los agentes sociales incrementar un 3% la base máxima de cotización para 2017, con lo que se situaría en unos 3.565,8 euros mensuales, frente a los 3.462 euros de 2016, según ha anunciado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, en la rueda de prensa para valorar los datos de paro de noviembre.

Del total de 7.500 millones de euros en subidas de impuestos que aprobó el Gobierno hace apenas diez días, unos 300 millones corresponden al aumento de las cotizaciones sociales a las rentas altas. En concreto, la base máxima de cotización subirá un 3% el próximo año, hasta los 3.751,2 euros, mientras que las bases mínimas se incrementarán en el mismo porcentaje que el salario mínimo, un 8%, hasta los 1.152,8 euros.

Los trabajadores tendrán que hacer un esfuerzo extra con el objetivo de mantener su estado de bienestar. Ésta es la conclusión que se extrae del documento presentado este martes por el Círculo de Empresarios con sus propuestas a corto, medio y largo plazo para crear un sistema de pensiones sostenibles. En este informe, se plantea entre otras medidas elevar las aportaciones de los trabajadores a la Seguridad Social, incrementar progresivamente el número de años cotización para calcular la pensión, desincentivar la jubilación anticipada.

En la capital, hay planificada una marcha hasta el ayuntamiento de 11 a 13 horas. En Barcelona el despliegue es mayor, con piquetes en varios puntos de la ciudad.

La Seguridad Social ensancha su déficit hasta los 20.283 millones. Los datos de la Intervención del Estado reflejan que el sector público gastó el año pasado 48.187 millones de euros más de lo que pudo ingresar.

La economía española continúa creando empleo de forma abundante. En concreto, en abril el número de cotizantes a la Seguridad Social creció en 212.216 nuevos afiliados. Lo relevante no es sólo la cifra -la más elevada de la serie histórica en ese mes-, sino el hecho de que la tasa anual (los últimos doce meses) se ha acelerado hasta el 3,7%.

La cotización de Banco Popular sigue cayendo. Tras cerrar una semana en la que experimentó un retroceso bursátil del 38%, las acciones del banco presidido por Emilio Saracho valen hoy 0,338 euros, lo que implica una caída del superior al 18% en la primera jornada de la semana.

Los empleadores podrán trabajar y cobrar el 100% de la pensión y las mujeres que cuiden de sus hijos tras la maternidad no pagarán cotizaciones en un año, se rebaja a dos años el periodo entre cese de actividad y nueva alta para poder ampararse a la cuota mínima de 50 euros de nuevos autónomos (antes eran cinco años) y dicha cuota se amplía a un año entero (actualmente, 6 meses), y se podrá dar de alta y baja hasta tres veces en un mismo año, entre otras medidas.

La principal preocupación actual parte de que la población española se enfrenta a un progresivo repunte de la población jubilada. Además, los altos niveles de paro han secado en gran parte las arcas de la Seguridad Social durante la última década.

El número de afiliados a la Seguridad Social está muy próximo al de personas que no contribuyen. Los economistas dicen que aquí «la economía no responde» y destacan la actividad sumergida

El Ministerio de Empleo estudia desde hace meses fórmulas para dar cauce legal a estas situaciones y evitar su desplazamiento hacia los ámbitos más grises de la legislación, cuando no directamente a la economía sumergida. El asunto no es menor. Según algunas estimaciones, en España hay más de 200.000 falsos autónomos y su situación genera unas pérdidas de alrededor de 500 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social.

Desde UGT recuerdan que la reforma laboral del Gobierno del PP y los posteriores recortes han perjudicado gravemente a los trabajadores de mediana edad o a las puertas de la jubilación que han sido despedidos.

La mayoría de los partidos que se presentaron a las últimas elecciones generales llevaban en sus programas una propuesta: que los trabajadores autónomos pasaran a cotizar a la Seguridad Social obligatoriamente según sus ingresos reales, de forma que dejaran de elegir su base de cotización, como hacen actualmente. Solo el PP no recogía esta propuesta en su programa.

Las pensiones son el tema. O deberían serlo, con permiso de la cuestión catalana. En el aspecto económico, no hay nada que genere más preocupación entre ciudadanos y expertos. No hablamos de las prestaciones actuales, aunque también. Sino sobre todo las del futuro: las que cobrarán aquellos que se jubilen a partir de 2035-2040.

El sistema utilizado en España para calcular la duración del subsidio de paro de los trabajadores a tiempo parcial "vertical" es contrario al Derecho europeo, al discriminar a las mujeres, según dictaminó hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. "Dado que la mayoría de esta categoría de trabajadores son mujeres, dicho sistema supone una diferencia de trato en perjuicio de éstas", señaló el Tribunal en un comunicado.