El Ministerio de Empleo estudia desde hace meses fórmulas para dar cauce legal a estas situaciones y evitar su desplazamiento hacia los ámbitos más grises de la legislación, cuando no directamente a la economía sumergida. El asunto no es menor. Según algunas estimaciones, en España hay más de 200.000 falsos autónomos y su situación genera unas pérdidas de alrededor de 500 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social.
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