La Abogacía del Estado emitió en abril un informe, al que ha accedido EL PAÍS, donde alertaba de que "no tendría justificación" legal una asistencia jurídica gratuita como la otorgada en época del PP a empresas de la Gürtel para su defensa en el juicio. El Ministerio de Justicia ha abierto una investigación para esclarecer los pagos en la anterior etapa a los abogados de oficio de implicados en la red de corrupción, que acabó con la condena del propio PP.

Tal día como hoy, hace 17 años, un Prestige roto en dos mitades se hundía a 234 kilómetros de la costa gallega tras una errática singladura que evidenció tanto la falta de escrúpulos del entorno empresarial del viejo petrolero como la falta de ideas de la Administración española para afrontar una amenaza como esta. Cinco días antes, el pequeño juzgado de Corcubión iniciaba una instrucción judicial que duró diez años en la que tuvo que enfrentarse a un procedimiento con múltiples ramificaciones internacionales.

España no aplicó la ley de 2012, en vigor cuando ocurrieron los hechos. El jurista checo Michal Bobek, cuyas opiniones no son vinculantes para el tribunal pero suelen orientar las decisiones definitivas de la corte europea, concluye así que España no emitió correctamente la euroorden.

El departamento de Dolores Delgado alega que el anterior Gobierno del PP costeó "sin soporte legal" los abogados de oficio de personajes secundarios de la trama. El actual Ministerio esgrime informes para dejar de costear todas las defensas de oficio como venía haciendo hasta ahora, lo que ha indignado a los letrados. El Consejo de la Abogacía dice que el Gobierno no puede eludir su responsabilidad en el pago de servicios públicos a particulares amparándose en un "agujero legislativo"

El Gobierno reacciona inmediatamente a la amenaza de los independentistas de frenar las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.

Informará a favor de la excarcelación del líder de ERC horas después de que el partido haya pedido un «gesto».

El «gesto» que pedía ERC permitiría una investidura exprés para la que ya se han habilitado tres días a final de mes

La defensa del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha solicitado este martes a la sala que juzgó la causa del ‘procés’ independentista en el Tribunal Supremo que declare la nulidad de la sentencia y ordene la «inmediata liberación» de su cliente para que pueda acudir al Parlamento Europeo a obtener su acta de diputado, todo ello como consecuencia de haber sido reconocida su inmunidad por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Consciente de que Pedro Sánchez aceptará todas sus exigencias y tolerará tantos ataques al Estado como desee realizar antes de la investidura, ERC ha respondido con virulencia al mensaje del Rey, quien este martes advirtió de que el "entendimiento" político debe producirse siempre "dentro del respeto a la Constitución".

El año toca a su fin y España sigue instalada en un bloqueo político que amenaza con eternizarse. La situación de Cataluña sigue siendo uno de los grandes problemas de Sánchez para lograr la investidura y la espera del informe de alegaciones de la Abogacía del Estado sobre la sentencia del TJUE que afecta a Oriol Junqueras está dando más problemas de los esperados.

La Abogacía General del Estado ha pedido este lunes al Tribunal Supremo que Oriol Junqueras pueda ejercer como eurodiputado mientras el Parlamento Europeo mantenga su inmunidad. Con el PSOE y ERC en plenas negociaciones para la investidura, los servicios jurídicos dependientes del Ministerio de Justicia plantean una fórmula que permite mantener al líder independentista en prisión, pero al mismo tiempo abre la puerta a que pueda acudir a las sesiones de la Eurocámara mediante permisos puntuales.

Pérez-Royo ha asegurado en Al Rojo Vivo que el informe de la Abogacía es "completamente irrelevante después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha dicho que, desde julio, Junqueras es parlamentario europeo".

El profundo malestar causado por la imagen proyectada por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de la Abogacía del Estado ha provocado ya la primera crisis interna en la única asociación que aúna a profesionales de dicho colectivo, la Asociación de Abogados del Estado, que preside en la actualidad Fernando Bertrán. Con este escenario, las dimisiones en el Consejo Directivo de la Asociación de Abogados del Estado no han tardado en producirse. Dos de sus miembros, las abogadas del Estado Estrella Pardo y María del Carmen Tejera [...]

El BOE de hoy recoge un convenio, firmado en diciembre, para que la Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos cuente con la asistencia jurídica de la Abogacía del Estado, esto es, que abogados del Estado le representen en posibles litigios. El documento aclara que la Fundación no pagará nada por este servicio, al contrario que otras fundaciones públicas. El Gobierno de Pedro Sánchez propuso, en la anterior legislativa, transformar esta entidad, que en la actualidad cuelga de Patrimonio Nacional.

La exsecretaria general del Partido Popular y exministra, María Dolores de Cospedal, se ha incorporado en calidad de socia al despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo, según avanzó Expansión. Cospedal se suma al equipo del bufete que lidera César Albiñana en el área de procesal y arbitraje. Llega a su nuevo empleo tras su reingreso en la Abogacía del Estado

Nueva divergencia dentro del Gobierno de coalición. Esta vez, por el recurso de la Abogacía del Estado a la condena que obliga al Estado a indemnizar a la familia del cámara de televisión José Couso, fallecido en Bagdad (Irak) en 2003. Relacionada: www.meneame.net/story/gobierno-recurre-condena-obliga-estado-indemniza

Informe evacuado por la Subdirección General de los Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado el 19 de marzo, sobre la interpretación de diferentes cuestiones relacionadas con el Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.

Documento hecho por la abogacía del estado acerca de las sanciones en el estado actual de alarma.

Más de medio millón de sanciones impuestas por las Fuerzas de Seguridad por incumplir el confinamiento podrían quedar en nada.

Abogados y otros juristas consultados por Europa Press coinciden en señalar, de acuerdo con un informe realizado por la Abogacía del Estado, que las sanciones previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana sólo deben imponerse a los ciudadanos que son descubiertos saltándose las indicaciones del Estado de Alarma, pero que además se resistan a obedecer un requerimiento expreso e individualizado que le realicen los agentes de la autoridad. Así, concluye que el mero incumplimiento de las limitaciones no puede ser calificado de desobediencia.

Según señala el departamento que dirige Consuelo Castro Rey, no vale multar por simplemente no cumplir la orden de la restricción de movilidad impuesta por el Estado sino que debe hacerse cuando se desatienda las órdenes marcadas por las diferentes policías.

Hablo con compañeros y compañeras de Colombia, Argentina, Ecuador… Y el feo rostro de la crisis exhibe su peor expresión: la actividad trae la enfermedad, la inactividad el hambre. Mientras los autónomos pugnan por trabajar los asalariados, por ahora, se oponen. Mientras los jóvenes prefieren arriesgar los más mayores son cautos y así avanza la pandemia y el virus de la desunión en la república de los abogados y las abogadas. No es muy distinta la situación en España: la oposición a volver al trabajo se presenta más ...

El Consejo General de la Abogacía ha emitido un comunicado relacionado con la decisión que se puede llegar a adoptar por el Ministerio de Justicia en relación a la habilitación judicial del mes de agosto.

León Fernando del Canto es abogado español y barrister en Londres; dirige el bufete Delcanto Chambers. Sorprende ver como muchos abogados se aferran a un posicionamiento negacionista, o responden que ahora hay cosas más importantes de las que ocuparse. Esa actitud responde a lo que se conoce como sesgo de género. Se trata de un sesgo cognitivo, un error en el razonamiento, como resultado de una serie de condicionantes o creencias, pese a la existencia de datos o información en sentido contrario.