Entienden que el objetivo es que la capitalicen los ministerios socialistas, a pesar de que la nueva titular de Transporte se incorporó a las negociaciones sobre esta ley entre PSOE y Unidas Podemos cuando ya estaban avanzadas y que desbloquearon en su recta final el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. El anteproyecto de la ley de vivienda lleva las firmas de la ministra de Transportes y de la de Derechos Sociales.

La Ley por el derecho a la vivienda ya ha completado todo su periplo legislativo. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el texto de la nueva norma, que en su disposición final novena establece la entrada en vigor para “el día siguiente” al de su publicación. Es decir, que la ley estará activa a partir de este viernes (26 de mayo).

Con el lema “Vivienda por Derecho” este martes darán comienzo de una serie de movilizaciones que convocan a la ciudadanía a sumarse el sábado 7 de octubre a una manifestación central acompañada de un festival musical. El objetivo es asegurar el voto favorable de los grupos parlamentarios madrileños a la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular sobre el Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid.

Estas normas no fueron promovidas por el Gobierno de Iñigo Urkullu ni apoyadas por el PNV. La Ley de Vivienda salió adelante con los votos del PSE-EE, EH Bildu y UPyD, mientras que la Ley que evita el uso del Fracking en Euskadi fue aprobada con los votos a favor de PSE-EE, EH Bildu y del propio PP. El Ejecutivo vasco ha recibido un aviso por el que el Gobierno central le comunica que ambas normas vulneran principios constitucionales y, por lo tanto, tiene la pretensión de impugnarlas ante el Tribunal Constitucional.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado durante el pleno de este miércoles que impulsará una ley con el objetivo de prohibir la venta de vivienda pública a fondos buitre.

La admisión a trámite por el Congreso de la Ley de Vivienda de la PAH puede representar un cambio de rumbo en la escalada sin control del precio de los alquileres.

PSOE y Unidas Podemos retomarán este jueves las negociaciones para la futura ley de vivienda tras acercar posturas durante los últimos días en lo relativo a los objetivos, como es la regulación de los alquileres, la alternativa habitacional frente a los desahucios o la ampliación del parque de vivienda pública, pero con propuestas antagónicas sobre los mecanismos para llevar a cabo estas medidas. El principal escollo tiene que ver con el papel que jugarán los grandes tenedores, pues sobre ellos se pretende descargar la mayor parte de la futura

El 27 de octubre de 2020, PSOE y Unidas Podemos anunciaron un acuerdo para diseñar una ley de vivienda que regulase los alquileres. Y este martes 26, prácticamente un año después, el Gobierno aprobará el inicio de la tramitación de una norma que ambos partidos han tardado en negociar mucho más que el plazo de cuatro meses que se dieron, y que incluirá un mecanismo de regulación de los alquileres cuya aplicación dependerá de las comunidades.

Lo que mal empieza, mal acaba y la ley de vivienda, que empezó condicionando los Presupuestos Generales del Estado, ha terminado sin el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial. De esta forma, la ley no podrá aprobarse en Consejo de Ministros esta semana, tal y como había anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez. La propuesta del vocal, Álvaro Cuesta, fue rechazada y el pleno extraordinario avaló las enmiendas del consejero a propuesta del PNV, Enrique Lucas, que censuran el intervencionismo del Estado en materia de vivienda.

Atlas Real Estate Analytics proyecta que la oferta de vivienda en alquiler se reducirá en un 48% en las zonas donde se aplique la nueva normativa. Las restricciones de la nueva ley provocarían que el 67% de la oferta de grandes propietarios en zonas tensionadas se vuelva inviable. Los caseros particulares no tendrían obligación de bajar precios pero, si no realizan reformas, estarían expuestos durante al menos tres años a restricciones sobre el negocio que harían que el arrendamiento se vuelva inapetecible para el 47%.

El Gobierno ha conseguido el apoyo de EH Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para aprobar el texto definitivo de la nueva Ley de Vivienda, que, entre otras medidas, establece la limitación del incremento de las rentas de alquiler a un 3% hasta 2025. Sin embargo, expertos como Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario (PSI) de referencia en España y director general de ACV Gestión Inmobiliaria, advierten que estas medidas podrían generar efectos negativos en el mercado del alquiler.

Con 10 inmuebles o con cinco ubicados en zonas tensionadas, aquellas donde los precios se elevaron hasta tres puntos por encima del IPC o los gastos de alquiler o hipoteca suponen más del 30% de la renta de los hogares. La Xunta ha asegurado que no declarará zona tensionada alguna en Galicia, aunque desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez han enviado varios mensajes advirtiendo a las comunidades gobernadas por el PP que la Ley de Vivienda tiene que aplicarse.En Galicia hay 170.000 hogares viviendo de alquiler y más de un millón de propietarios.

Con un hipotético Gobierno de Alberto Núñez Feijóo se producirán retoques en la ley de vivienda y en la reforma laboral (que volverá a quedar tal como la diseñó M. Rajoy) en los primeros meses, pero Feijóo se dará más tiempo para abordar "en profundidad" una de las reformas más controvertidas, como es la de las pensiones.

El teniente de alcaldesa y concejal de Área de Economía y Planificación Urbana de A Coruña, José Manuel Lage Tuñas, ha reprochado a la vicepresidenta segunda y responsable de Vivenda de la Xunta, Ángeles Vázquez, que señale que la ley de vivienda estatal es "de dudosa aplicación porque hay un recurso ante el Tribunal Constitucional", después de que el consistorio municipal coruñés haya solicitado la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado por los elevados precios del alquiler.

ley 57/68: el cliente debe recuperar el dinero que invirtió en la casa que no le fue entregada. El Banco debe de devolver al cliente todas las cantidades que éste entregó por una vivienda inacabada o o que finalmente no se entregó.

El sector promotor advierte de una contracción generalizada por menores márgenes ante el poder que pasarían a tener los ayuntamientos para imponer un 30% de vivienda social en suelo urbano. Para compensar los ingresos que se pierden en el 30% de vivienda protegida y que la obra siga siendo viable, el promotor se ve obligado a elevar el precio de los pisos no protegidos, que a su vez, hace más difícil su venta. El aumento de costes es tan intenso que, en muchos casos, puede hacer económicamente inviable la realización de multitud de promociones.

Gratis: web0.cc/a/FxzmMzmvFm El articulado incluye elementos positivos y bien pensados como la nueva tipología de vivienda asequible incentivada o los incentivos fiscales a los propietarios que pongan sus viviendas en alquiler a precios asequibles. Hay otros, como los recargos del IBI de las viviendas vacías o el bono del alquiler joven, que tendrán un efecto muy limitado. Por último, el tema más negativo y conflictivo, la limitación del precio de los alquileres, es todavía peor en el nuevo texto

El Gobierno de coalición defiende el texto que consagra la vivienda como un derecho y busca limitar la subida de los alquileres, mientras el PP y Vox aseguran que fomenta la 'okupación' y reducirá la oferta de pisos.

El proyecto de Ley de Urbanismo y SueloVentana nueva, aprobado por el Gobierno regional, no contempla la obligación de cesión de suelo a la Comunidad de Madrid con destino a la construcción de vivienda pública social. Además suprime las reservas de suelo existentes obtenidas con la Ley del Suelo vigente. Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), califican el proyecto de Ley de antisocial porque desprecia la situación de emergencia habitacional existente en la Comunidad de Madrid.

El Congreso de los Diputados rechazará este martes la nueva ley del alquiler que aprobó el Gobierno en diciembre. Tras la votación del Congreso, los contratos de alquiler firmados entre el 19 de diciembre, fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial del Estado la ley de alquiler que se acaba de derogar, y el 22 de enero, se mantendrán en las condiciones que incluía el decreto del Gobierno. Sin embargo, los contratos que se firmen a partir de ahora volverán a regirse por la ley de arrendamientos urbanos que aprobó el PP en 2013.

El Gobierno acaba de eliminar el artículo 28 de la Ley Hipotecaria que obligaba a los herederos no directos a esperar dos años hasta obtener la plena titularidad de un inmueble. Este artículo, que data de 1946, era conocido como la “Ley de Cuba” porque se puso en marcha para que los hijos de españoles, que en su momento habían emigrado a las colonias, tuvieran tiempo a regresar ante el fallecimiento de sus padres y reclamar su parte de la herencia. En la práctica obstaculizaba notablemente en la actualidad la venta de inmuebles heredados. “Es

La Ley de Vivienda ya es ley. A partir de mañana se podrán topar los alquileres, honorarios inmobiliarios correrán a cargo del casero y los propietarios de más de 5 inmuebles serán grandes tenedores.

Cinco de los seis vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones que, este jueves, rechazaron suscribir un informe crítico con el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda han firmado un voto particular en el que califican de “coherente y coordinada” la regulación de los “los aspectos más esenciales de las políticas de vivienda” que propone el Gobierno y acusan a la mayoría del pleno de extralimitarse en su función con “consideraciones políticas o económicas que no le corresponden”. El texto lo suscriben los vocales

La nueva ley de vivienda, que entró en vigor ayer tras su publicación en el BOE, puede poner en riesgo a una parte importante de los nuevos desarrollos urbanísticos que se proyectan en España. Desde el sector denuncian que la norma estatal no haya fijado un régimen transitorio, "como suele ser normal en estos casos" y deje en manos de las distintas comunidades autónomas si esta modificación afectará a proyectos que ya tienen aprobado un planeamiento o incluso la reparcelación.