El colectivo ciudadano Audita Sanidad, compuesto por economistas y expertos en la sanidad pública madrileña, denuncia la falta de transparencia en las cuentas de la consejería de Sanidad. El grupo alega que hasta el 40% de los contratos no están identificados. Son más de 1.250 millones de euros, cuyo destino no se ha publicado ni publicitado, algo que la ley permite para contratos de obra inferiores a 50.000 euros o de servicios por un valor inferior a los 18.000.

Prácticamente desde su inauguración, la URJC es conocida en el mundo universitario de la región como "la universidad del PP", igual que la Carlos III se asocia al PSOE (porque se creó durante mandatos socialistas) o el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense a Podemos (de allí surgió el partido).

Entró en vigor el pasado mes de octubre, pero pocos han advertido la peligrosidad de algunas de las medidas de la ley de procedimiento administrativo: una puerta abierta a la impunidad política y la indefensión ciudadana. Una de las más sorprendentes nuevas facultades es la de hacer desaparecer determinados documentos del expediente. El poder ya no necesita correr a censurar lo que no le conviene. La ley le permite eliminarlo directamente.

Los nacionalistas vascos se han colocado del lado de los populares en cuatro importantes trámites parlamentarios esta semana. Tumbaron la reforma para rebajar la edad de voto a los 16 años, dieron su aval al presidente de la CNMV y al fiscal general e impidieron que se denunciara la “opacidad” de Morenés en Defensa. El PNV comienza a entenderse con Rajoy al tiempo que se hermana con el PSE en Vitoria y gobierna Navarra a través de Geroa Bai junto a Podemos, Bildu e IU..

Una sentencia del Supremo ha condenado al Congreso por contratar de forma opaca. El TS entiende que la Cámara Baja está obligada a dar publicidad de las puntuaciones. La sentencia lleva fecha del pasado 22 de noviembre, y supone un varapalo a la política de contrataciones del Congreso. En particular, en lo relacionado con la transparencia a la hora de adjudicar contrataciones laborales.

El ministro italiano de Finanzas, Pier Carlo Padoan, considera que las exigencias del Banco Central Europeo (BCE) convertirán a Banca Monte dei Paschi di Siena en una entidad "hipercapitalizada", aunque ha cuestionado la falta de información sobre los criterios aplicados por el banco central en su labor de supervisión, una opacidad que puede acabar generando malas interpretaciones. "Aparte de la carta con las cinco líneas y tres cifras, habría sido de gran ayuda alguna explicación, ya que la falta de información se traduce en opacidad

La asociación lleva tiempo detectando que los bancos, casi siempre sin informar al usuario, deciden de forma unilateral en determinados casos vender o ceder tanto créditos personales como préstamos hipotecarios que el consumidor había contratado con ellos. En el primero de los casos, FACUA ha comprobado cómo entidades que no tienen relación con el consumidor (en algunos casos, con domicilios sociales fuera de España), y con las que por descontado el cliente no ha firmado contrato alguno, reclaman deudas a los afectados.

No es que los madrileños no tengamos cosas que preguntar a la administración es que los requisitos técnicos necesarios para poder hacerlo son tan complicados que limitan mucho el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública. Baste con el dato de que en el mismo periodo de tiempo el portal de transparencia del ayuntamiento, para el que sólo se necesita tener un correo electrónico, ha respondido a 4000 solicitudes.En la Comunidad lo primero que tenemos que hacer para poder realizar una pregunta en el portal de transparencia es..

El último informe de Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre la liquidación del gasto ejecutado en 2014, refleja constantes desfases entre lo contabilizado y lo gastado por Defensa. El gasto presupuestado por defensa desde hace más de una década y el liquidado discrepan exageradamente y sin parangón con otros ministerios.

La Iglesia admite 24.000 parroquias y monasterios, a lo que habría que sumar pisos, garajes, cementerios, colegios o casas del cura en pueblos, pero no hay registros públicos. Aznar cambió la ley y permitió a los obispos inscribir bienes inmuebles sin más requisito que su firma, como si fueran notarios. Ahora el Gobierno dice que elaborará una lista de estas propiedades inmatriculadas (se estima que 4.500) entre 1998 y 2015, entre ellas la mezquita de Córdoba, que se registró por 29 euros

Al spot del día de las Fuerzas Armadas de este año se le vio el plumero. En 20 segundos, desveló el sueño militar del Gobierno: que dejemos hacer y no nos enteremos de nada. 20 segundos. Una imagen apacible de un avión con un rótulo: “Nunca oyes un caza cuando vigila nuestras fronteras”, a la vez, se escuchan pájaros. Un barco deslizándose y otra frase: “… ni una fragata mientras patrulla las costas”, de fondo, alguien canta cumpleaños feliz.

Este caso (Lezo) desveló profundas irregularidades cometidas al calor de lo que supuestamente debería ser el agua de todos los madrileños.Meses después,la situación interna del Canal parece no haber motivado un cambio radical en sus dirigentes.Falta absoluta de transparencia,opaco y partidista.Así califican todos los partidos,a excepción del PP,y varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, al actual Consejo de Administración del Canal de Isabel II.El hecho de que prácticamente la mitad del Consejo esté constituido por miembros del PP..

Sabemos que gobiernos y empresas se muestran reacios a los datos abiertos: en la última actualización de la web de la Casa Blanca, Trump eliminó su portal de datos abiertos. Pero no solo los gobiernos esconden y falsean datos; Volkswagen falseó las pruebas de emisiones de sus vehículos, Uber presentó datos falsos sobre sus conductores disponibles a los investigadores federales, y a Airbnb se le pilló purgando más de 1.000 perfiles que violaban las leyes. Todos manipulan los datos brutos de forma que les beneficie financiera y políticamente.

El Gobierno de Mariano Rajoy está pleiteando en la Audiencia Nacional para no contestar a 37 preguntas incómodas.

En 2016, las farmacéuticas españolas gastaron en total 181 millones de euros entre pagos directos a médicos (honorarios por servicios) e indirectos (compra de entradas a congresos, viajes…). Pero los laboratorios solo han publicado nombres y apellidos de los profesionales sanitarios que reciben 38 de esos millones. Del resto, al menos 143 millones, no conocemos su destinatario, según la investigación realizada por Civio de los datos publicados por cada farmacéutica. Las compañías publican esa información, que supone el 80% del total...

El Santander ha hecho uso de un derecho que le otorga la legislación fiscal española y ha solicitado a Hacienda que ejecute los créditos fiscales a los que tiene derecho por ser propietario de Banco Popular.

El PSOE ha registrado 16 preguntas al Gobierno desde junio reclamando el desglose por medios de la inversión pública en campañas institucionales. La realidad,de hecho,es que tanto los ministerios (que gestionan esta publicidad) como el Gobierno (que la supervisa) llevan años escondiendo los datos de un reparto presupuestario que debería ser público.Incluso el Consejo de la Transparencia,un órgano nombrado por el propio Ejecutivo,instó a ocho ministerios a aportar esos datos al considerar que el interés público por conocer el reparto de public

Un año para investigar más de 13,4 millones de documentos para un equipo base de ocho periodistas españoles de El Confidencial y La Sexta parece poco tiempo, pero da para mucho. El 90% del tiempo que hemos dedicado a analizar los Paradise Papers ha consistido en bucear entre los archivos mediante búsquedas de nombres, sociedades o direcciones españolas. Este ha sido el proceso que hemos seguido en El Confidencial y La Sexta de forma colaborativa para verificar las informaciones halladas respecto a Xavier Trias en los Paradise Papers.

La multinacional Media Markt se niega a publicar el sueldo de sus altos directivos y de los administradores de la sociedad en España, tal como obliga la legislación mercantil vigente.

El Ministerio del Interior se niega a revelar cuánto ha costado el alquiler de los barcos en los que se alojan los policías nacionales y guardias civiles enviados a Cataluña ante el desafío independentista con el argumento de que es materia reservada y su difusión podría “suponer un perjuicio para la seguridad pública”. Así justifica la dirección del gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad la denegación a la información solicitada a través del Portal de la Transparencia por este redactor

Entre los años 2006 y 2013, los partidos políticos representados en la Diputación de Cádiz, principalmente PP y PSOE, se repartieron de media 1,65 millones de euros al año. La partida destinada a financiar a los grupos no disminuyó ni siquiera en 2012, en plena crisis, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy recortó un 20% de la financiación ordinaria estatal de los partidos.

El Gobierno sigue ocultando cuánto dinero público requerirá la operación, pero tampoco informa de cuánto ha costado sostener hasta hoy a las concesionarias.El Ejecutivo admitió que a la deuda de las radiales,es de unos 3.200 millones de euros,habrá que sumar 550 millones en créditos participativos concedidos a grandes constructoras como ACS,Ferrovial,OHL o Sacyr para hacer frente a las expropiaciones millonarias que requirieron los 570 kilómetros de la red de pago que ahora hay que rescatar.Calculan créditos participativos anuales de hasta 300