El principal foco de escándalos de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tiene su origen en un documento de apenas seis folios. Profesores vinculados a PSOE y PP acordaron crear el Instituto de Derecho Público (IDP) en una reunión celebrada el 12 de diciembre de 2001, tras aceptar una breve solicitud de su máximo impulsor, el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde. Tras la creación del organismo, Álvarez Conde se convirtió automaticamente en su director.
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