Navantia, la factoría naval propiedad del Estado que lleva años sumida en los números rojos, se ha garantizado unas condiciones más que favorables para el proceso de devolución a las arcas del Estado de los más de 1.300 millones de euros públicos que se le han inyectado en cosa de apenas un lustro para estabilizar su situación financiera e impedir que la empresa de los históricos astilleros públicos entre en causa legal de disolución.
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