Más de tres millones de personas corren el riesgo de dejar de ser atendidas por los servicios sociales de sus ayuntamientos como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma local llevada a cabo por el Gobierno, según cálculos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Además, la mitad de los 5.618,56 millones de euros (el 9% de su gasto total) que los ayuntamientos dedican a los servicios sociales también podría verse afectada por la nueva ley.
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