Los propietarios de las 185 villas construidas en el complejo cacereño Marina Isla de Valdecañas llevan años callados ante un conflicto que les atañe directamente: el derribo de sus segundas residencias que acaba de dictar el Tribunal Supremo. Solo el abogado que les representa, Luis Díaz-Ambrona, les ha puesto voz a lo largo de estos casi 15 años de litigio en los que su postura siempre ha sido la misma: defender el complejo y sus propiedades hasta la última instancia posible.
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