El Tribunal Supremo ha anulado la condena que un juzgado de Teruel impuso a dos activistas que criticaron, en una carta publicada en un periódico, a una jueza por avalar una licencia para crear una mina de arcilla. Los jueces anulan esta condena por un delito de injurias porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos analizó el caso y dio la razón a los dos activistas, al entender que su condena por parte de los tribunales españoles había atentado contra su libertad de expresión y había impuesto, además, una condena económica demasiado alta.
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