El Supremo ha dado parcialmente la razón a Gas Natural Fenosa y ha anulado parte del articulado de la orden ministerial de peajes eléctricos para 2013 por no haberse incluido una partida de costes por unos 200 millones de euros que deben sufragar los consumidores de comunidades autónomas con tributos específicos. [...] El sobrecoste que había sufrido por esta falta de imputación de unos costes que, conforme a la regulación aprobada en 2012, deben recaer sobre los consumidores de las regiones con tributos autonómicos.
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