El TSJC anuló todo el procedimiento llevado a cabo por la Generalitat en 2012 para adjudicar la gestión de la empresa pública a Acciona por considerar que vulneró los principios básicos de la contratación pública. El Govern de Artur Mas, en plena fiebre de austeridad y para cuadrar el desbocado déficit público, privatizó ATLL con el Govern en funciones, justo antes de las elecciones de noviembre de 2012.
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