La Policía, sin orden judicial, revisó los datos del teléfono y los registros de llamadas, lo cual condujo a una residencia donde se halló crack, marihuana, dinero en efectivo, un arma y municiones. En ambos casos, los acusados sostienen que la información tomada de sus teléfonos sin autorización judicial no debió usarse en su contra, porque se obtuvo en violación de su derecho constitucional. El fallo del Supremo, que se conocerá antes de julio, tiene implicaciones amplias para las comunicaciones actuales, con cientos de millones de usuarios.
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