Todo empezó el 19 de septiembre de 2008, fecha en que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude requirió al Banco de Santander una relación de cuentas bancarias operativas en los ejercicios 2006 y/o 2007. La información requerida aludía a las cuentas que hubieran tenido, por suma de apuntes en el haber, un importe superior a tres millones de euros, exigiendo en ese caso la inspección fiscal el Código Cuenta Cliente y, por cada año, el importe total de la suma de apuntes.
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