La sentencia ampara a un condenado por asesinato en Zaragoza pero no anula su condena al existir otras pruebas contra él.La Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) rechaza que puedan grabarse las conversaciones que los detenidos mantienen en los calabozos porque este tipo de intervenciones no están previstas ni por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ni tampoco en la Ley General Penitenciaria.
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