Los técnicos de la Cámara de Cuentas de Andalucía que realizaron un informe de fiscalización sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010, han ratificado este martes ante la juez María Núñez Bolaños el uso "inadecuado" de las transferencias de financiación para el abono de estas ayudas.
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