En esencia la base de la denuncia radica en el 'estado de sitio' -"no declarado oficialmente pero sí funcional. La delegada del Gobierno en Madrid era entonces Cristina Cifuentes, hoy presidenta de la Comunidad; la que nos quieren presentar como azote de la corrupción" Lo que se denuncia es la incautación de banderas y símbolos republicanos por parte del estado, conculcando los derechos y libertades reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, impidiendo el ejercicio del derecho de libertad de expresión, de opinión y de manifestación
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