La corporación dirigida por José María Álvarez-Pallete recurrió en su día a los tribunales del país para evitar el pago, pero las instancias no les han dado la razón. Un riesgo que el operador reflejó en sus últimas cuentas semestrales, en las que provisionó 622 millones de euros para hacer frente al montante en caso de que los vientos judiciales no soplaran a favor. El hecho se produce en un momento de gran incertidumbre política en el país.
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