La disputa surgió en 2015, cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estableció qué operadores debían contribuir al fondo por el ejercicio de 2011. Pese a que, cuando se dictó el acuerdo del superregulador, la nueva Ley General de Telecomunicaciones ya estaba en vigor, Competencia decidió aplicar la anterior, ya derogada, de 2003. Esta última otorgaba a la CNMC la facultad de elegir qué compañías pagaban para garantizar el servicio al conjunto de los ciudadanos. Los seleccionados fueron Telefónica, Telefónica Móviles
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