Esta semana, el Ministerio de Justicia y el de Igualdad han dado un paso en estos objetivos anunciando una modificación del Código Penal para acabar con "el proxenetismo en todas sus formas", introduciendo la tercería locativa, que prohibiría que un tercero, el proxeneta o el dueño de un local, se lucre con la explotación sexual de una mujer, pero es solo el primer paso para acabar con el negocio de la industria de la prostitución que aún goza de cierta "tolerancia social".
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