En 2011 se aprobó la Ley de la Ciencia, una gran noticia para el colectivo de investigadores predoctorales que gracias a ella dejaban de ser considerados becarios para ser considerados trabajadores de pleno derecho. Ese nuevo estatus profesional necesitaba de un marco legal y a mediados de 2017 se puso en marcha una mesa de negociación para desarrollar el tan esperado estatuto. Sin embargo, tras casi nueve meses, la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación ha decidido ignorar el borrador consensuado en las negociaciones.
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