Con respecto a la financiación del sistema judicial, el Estado destina un 0,37% del PIB, siete décimas por encima de la media de los países que forman parte del Consejo de Europa. Eso se traduce en un gasto de 87,9 euros por habitante, más de 20 euros por encima de la media. El informe apunta que el número de jueces en España por cada 100.000 habitantes se sitúa en 11,24, por debajo de la media de los países del Consejo de Europa, que se encuentra en 17,6.
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