La judicialización de la vida política y la llegada de la Fiscalía Anticorrupción a Canarias han disparado las investigaciones por delitos contra la administración pública en los ayuntamientos del Archipiélago. Si se traza un recorrido sólo por Tenerife a lo largo de sus corporaciones locales, el resultado habla por sí solo: 19 de los 31 municipios de la Isla tienen a sus alcaldes actuales, o pasados, imputados en alguna instrucción judicial.
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