El fiscal concluye que la “deficiente gestión” y las “irregularidades” cometidas permiten plantear una demanda para resarcir los daños causados tras un quebranto económico de 2,3 millones. Una operación llevada a cabo en 2013 por el Gobierno de Ana Botella (PP) por 128,5 millones de euros, cuestionada también en un duro informe de la Cámara de Cuentas de Madrid. "Sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta" y "aplicando exclusivamente las reglas del mercado", según recoge el documento definitivo de fiscalización de operaciones..
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